El Congreso de los Diputados rechazó, con los votos de PP, Vox y Junts, el decreto ley aprobado el pasado 16 de junio por el Consejo de Ministros que pretendía salvar a RTVE de una factura de hasta 941 millones de euros. Ese agujero corresponde al IVA que la corporación pública dejó de repercutir desde 2015 y por otros tributos no deducibles acumulados durante una década, una deuda que Hacienda reclama y cuyos tribunales aún no han resuelto, pero que en caso de fallo adverso colocaría a la empresa en causa de disolución por no poder hacer frente al pago.
El decreto intentaba zanjar el problema con un doble apunte contable: convertía esos impuestos en «coste del servicio público audiovisual», lo que obligaba a RTVE a registrar el gasto pero, a la vez, reconocía un derecho de cobro frente al Estado. En términos prácticos, el riesgo abandonaba el balance de la corporación y pasaba a engrosar la deuda del contribuyente. El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió la medida argumentando que no se trataba de ningún privilegio, sino de garantizar que RTVE «ni ganara ni perdiera patrimonio» por una situación fiscal sobrevenida.
Junts se convirtió en la clave del voto. Los posconvergentes rechazaron el decreto argumentando que dejaba fuera a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de la que dependen TV3 y Catalunya Ràdio, afectados por el mismo problema de IVA no deducible. «Es incomprensible que el decreto no incorpore una solución para los medios públicos catalanes», zanjaron, señalando que ya tienen registrada una propuesta en la tramitación de la Ley del Cine que resolvería la situación de forma conjunta para todas las radiotelevisiones públicas.
La misma sesión parlamentaria trajo un segundo revés para el Gobierno: la senda de déficit para el periodo 2027-2029, primer paso imprescindible para elaborar los presupuestos del año que viene, también fue rechazada con idéntica mayoría de PP, Vox y Junts. El único alivio de la jornada llegó del decreto de dependencia, que salió adelante con el respaldo del PP al contemplar 6.200 millones adicionales, una partida que beneficia especialmente a Cataluña. Hacienda ya ha anunciado que el 23 de julio volverá a someter al Congreso la misma senda de déficit, con idéntico resultado previsible.
