Junts ha lanzado una nueva advertencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta del posible reparto entre comunidades autónomas de los menores migrantes que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva desde Marruecos de finales de julio. La portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, aseguró que su formación no respaldará ninguna iniciativa del Ejecutivo si Cataluña no queda completamente excluida de la distribución. «Junts no da ni un voto si no se deja a Cataluña fuera del reparto», afirmó a través de la red social X.
El aviso vuelve a poner sobre la mesa la dependencia parlamentaria de Sánchez. Los siete diputados de la formación de Carles Puigdemont resultan imprescindibles para sostener la mayoría del Gobierno, lo que convierte la amenaza en un ultimátum con capacidad real de bloqueo sobre el plan de acogida y sobre cualquier otra iniciativa que requiera el apoyo de la mayoría de investidura. Nogueras presumió, además, de haber conseguido el año pasado «lo que nunca había hecho nadie», que Cataluña quedara fuera de un reparto anterior, y subrayó que lo lograron en solitario.
La portavoz apoya su posición en la saturación del sistema catalán. Nogueras sostiene que Cataluña acoge muy por encima de su capacidad, mientras otras comunidades, dijo, eluden sus responsabilidades y mantienen centros de acogida vacíos, y acusó al Estado de seguir abusando de los catalanes al exigir nuevas plazas. Cargó también contra el propio Gobierno central por regularizar de forma unilateral a miles de inmigrantes y ser, a su juicio, incapaz de controlar las fronteras, y aprovechó para reclamar el traspaso urgente de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat. La formación dirige parte de su presión al presidente catalán, el socialista Salvador Illa, cuyo Gobierno se ha mostrado dispuesto a recibir parte de esos menores.
El pulso coloca al Ejecutivo ante una doble resistencia. El reparto se enfrenta, por un lado, al veto de Junts a cualquier cuota para Cataluña y, por otro, al rechazo de las comunidades gobernadas por PP y Vox, que también se oponen a acoger nuevas llegadas. El precedente pesa en la negociación: en 2024, Junts unió sus votos a los de PP y Vox para tumbar la primera propuesta de reparto, y en marzo de 2025 pactó con el Gobierno una reforma de la ley de extranjería que reconocía la singularidad catalana. Aquella excepción territorial generó entonces fuertes tensiones dentro del grupo socialista y críticas del PP y de los socios de izquierdas, que la vieron como un agravio comparativo. La reedición del conflicto deja de nuevo en el aire la capacidad del Gobierno para sacar adelante la distribución sin conceder a Cataluña un trato de favor.
