El empresario y comisionista Julio Martínez Martínez, conocido como Julito y señalado como presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, declaró este martes durante más de tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el marco del caso Plus Ultra. La comparecencia, la más esperada desde que se abrió la causa, dejó una imagen contradictoria: Martínez ratificó el escrito de colaboración presentado la víspera, en el que implicaba directamente al expresidente en las gestiones para lograr el rescate público de la aerolínea, pero no aportó datos concretos sobre con quién medió Zapatero ni cuánto habría cobrado por sus servicios.
Del reparto del tiempo de declaración se desprende el peso que tuvo cada actor en el interrogatorio. Martínez respondió durante cerca de hora y media a las preguntas del propio juez Calama, y repartió la hora y media restante entre la fiscal Elena Lorente y su abogada, la exfiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado. Fuentes presentes en la sala calificaron el contenido de la declaración de «decepcionante» respecto a las expectativas generadas por el anuncio de colaboración con la Justicia.
El escrito remitido el lunes, que Martínez ratificó íntegramente este martes, sostiene que Zapatero estaba «puntualmente informado» de todos los pasos que se iban dando en el proceso para obtener la financiación pública destinada a Plus Ultra. Según ese documento, el papel de Martínez «consistía en intermediar entre cliente y consultor», mientras que era el expresidente quien «marcaba los pasos a seguir». El texto añade que Zapatero y Martínez «tenían la pretensión de cobrar» por esas gestiones, y que el contrato suscrito con la consultora Análisis Relevante contemplaba el pago de «elevadas cantidades de dinero», concretamente el 1% de la ayuda pública conseguida.
La propia aerolínea se sumó también a esta línea de colaboración. Su presidente, Julio Martínez Sola, remitió asimismo un escrito al juzgado en el que la compañía expresa su «intención de prestar la máxima colaboración» en el esclarecimiento de los hechos, y reconoce que contrató a Julito Martínez precisamente por su relación personal con Zapatero.
Uno de los datos que sí quedó fijado en la declaración de este martes es el de la iguala mensual. Martínez confirmó ante el juez que se abonaban 3.000 euros al mes a la empresa de las hijas del expresidente, What The Fav, en el marco de esos supuestos trabajos de consultoría. Esa cifra se suma a los importes que ya constan en la instrucción: el magistrado Calama había fijado que la consultora Análisis Relevante pagó un total de 490.780 euros a Zapatero y otros 239.755 euros a esa misma sociedad de sus hijas por unos trabajos que, según el instructor, habrían sido ficticios y ocultarían en realidad una contraprestación económica a cambio de su influencia para lograr el rescate.
La versión de Martínez coincide en lo esencial con la que ofreció el propio Zapatero cuando declaró como investigado semanas atrás. El expresidente reconoció entonces haber recibido pagos de la sociedad de Martínez a cambio de trabajos de consultoría, pero negó rotundamente que el empresario fuera su testaferro o su asistente personal, calificando esa idea de «radicalmente falsa». Zapatero explicó que su labor «consistió fundamentalmente en el acompañamiento del cliente para la obtención de la financiación solicitada», y detalló que el 26 de febrero de 2021 comunicó a Martínez que la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra, información que este trasladó de inmediato a los principales accionistas de la aerolínea, Camilo Ibrahim y Rodolfo Reyes. El crédito se aprobó finalmente en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, tras el visto bueno del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas el 2 de marzo.
Sobre el cobro de los honorarios pactados, tanto Zapatero como ahora Martínez coinciden en que, ante la presión mediática que existía entonces sobre la financiación pública concedida a Plus Ultra, se decidió diferir el pago a lo largo del tiempo, prolongándolo hasta 2026, y que parte de esas cantidades se facturaron a través de otras sociedades vinculadas al entorno de Martínez.
El giro estratégico de Julito no llegó de forma espontánea. Su entorno familiar le presionó en las últimas semanas ante el riesgo de asumir en solitario el peso de la investigación, y el cambio de su defensa legal, con la incorporación de una exfiscal especializada en negociaciones con el Ministerio Público, apuntaba en la misma dirección desde antes de la declaración. La estrategia sigue el mismo camino que trazó Víctor de Aldama en el caso Koldo: aportar información relevante a cambio de una eventual reducción de su exposición penal.
Pese a todo, la declaración de este martes deja más preguntas abiertas que respuestas concluyentes. El juez Calama investiga en esta causa presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, y la instrucción se ha extendido ya al entorno familiar y profesional completo del expresidente, incluida la Agencia Tributaria, que mantiene abiertas inspecciones fiscales paralelas sobre Zapatero, su esposa, sus hijas y el propio Martínez. La incógnita que queda por resolver, y que ni el escrito ni la declaración de este martes despejaron, es la de los nombres concretos a los que Zapatero habría recurrido para allanar el camino del rescate.
