La ausencia de Presupuestos Generales del Estado durante los tres últimos ejercicios empieza a pasar factura al Gobierno. Después de que el Tribunal de Cuentas confirmara esta semana el desvío de 2.389 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas, han aparecido nuevos trasvases de dinero del Plan de Recuperación hacia otras partidas ajenas a su fin original.
Hacienda habría destinado al menos otros 8.500 millones de euros adicionales de fondos NextGenerationEU al pago de pensiones, del Ingreso Mínimo Vital, otros gastos sociales e incluso aportaciones a Correos. La cifra elevaría el total de fondos europeos desviados a más de 10.900 millones de euros.
Hacienda reservó 4.500 millones de los créditos para fondos UE de 2024 para cuadrar otros gastos. Activó ya en enero un procedimiento interno para disponer sin restricciones de recursos previstos en el Plan de Recuperación para otros fines. El ministerio dio de baja mediante ingeniería financiera partidas asignadas a transición industrial o cargadores eléctricos con dinero europeo para activar gastos sociales.
La Intervención General de la Administración del Estado publica un informe mensual en abierto que recoge las modificaciones presupuestarias ejecutadas, pero en estos documentos no se especifica de dónde proceden los desvíos que se registran en diferentes organismos.
El Ministerio de Hacienda, ahora comandado por Arcadi España, ha negado que se hayan usado fondos del Plan de Recuperación para otras partidas. Sin embargo, el propio ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, dio validez a la información inicial sobre los 2.389 millones reconocidos por el Tribunal de Cuentas, asegurando estar tranquilo al respecto.
«El propio informe del Tribunal de Cuentas aprueba la Cuenta General del Estado. Estamos en un contexto de prórroga presupuestaria donde la asignación de la capacidad de gasto tiene que realizarse a través de técnicas y ajustes presupuestario entre unas partidas y otras; es un contexto de total normalidad», declaró Cuerpo desde Sevilla.
Los grupos del Partido Popular y Vox en el Parlamento Europeo han enviado esta semana una serie de preguntas ante la Comisión Europea sobre la reasignación de los fondos en los Presupuestos Generales del Estado. Bruselas ha abierto una investigación para determinar si estos movimientos cumplen con la normativa europea.
El Tribunal de Cuentas advirtió en su Declaración sobre la Cuenta General del Estado 2024 que la actuación del Gobierno «se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados, dado que existe una incertidumbre sobre la aplicabilidad de limitaciones al uso de los créditos sobrantes del Next Generation para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio».
La normativa establece que los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia deben destinarse exclusivamente a actuaciones elegibles dentro del propio marco del Plan de Recuperación. Aunque Hacienda ha defendido que se trataba de remanentes no comprometidos y que su reasignación no afectaba a la ejecución de los fondos europeos, varios consejeros del propio Tribunal discreparon.
Algunos consejeros consideraban que el uso de estos créditos debía figurar como una salvedad formal en el informe —es decir, como una objeción relevante sobre la legalidad de la operación— y no quedar recogido únicamente como una incidencia contable. Sin embargo, la mayoría del Pleno aceptó las alegaciones del Ministerio de Hacienda y, finalmente, la Declaración fue aprobada con un voto particular en contra y seis votos concurrentes explicativos, reflejo de la división interna.
Los Presupuestos Generales del Estado llevan prorrogados desde 2023 sin que la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya conseguido en esta legislatura la suma necesaria en el Congreso para aprobar unas nuevas cuentas. La responsable del desvío de los 2.389 millones confirmados por el Tribunal de Cuentas fue Montero, que ocupó el cargo durante 2024.
La Cuenta General del Estado opera como una radiografía anual de la situación financiera del sector público y muestra las desviaciones en la ejecución presupuestaria de cada ejercicio. La prórroga de los presupuestos de 2023 durante 2024 obligó al Gobierno a recurrir a modificaciones presupuestarias para atender gastos ineludibles, entre ellos el pago de las pensiones.
