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El anuncio de Greta Thunberg sobre la salida de una nueva flotilla desde España para llevar ayuda humanitaria a Gaza no es solo un gesto de solidaridad civil, sino también un movimiento que introduce un nuevo elemento de fricción en el tablero diplomático internacional. La Global Sumud Flotilla, en la que participan activistas de más de cuarenta países, pretende abrir un corredor humanitario frente a un bloqueo que Israel defiende como medida de seguridad y que gran parte de la comunidad internacional considera desproporcionado.
En el plano europeo, la iniciativa coloca a España en el centro de un foco político delicado. Aunque el Gobierno español no ha intervenido directamente en la organización, el hecho de que los barcos zarpen desde puertos españoles le obliga a pronunciarse. Apoyar públicamente la misión podría tensar las relaciones con Israel y, por extensión, con Estados Unidos, aliado estratégico de Tel Aviv. Guardar silencio, en cambio, podría generar críticas internas de quienes reclaman un posicionamiento más claro en defensa de los derechos humanos en Palestina.
Para Israel, el desafío es evidente. Cada flotilla que zarpa hacia Gaza se convierte en un acto de denuncia internacional contra el bloqueo, amplificado por el prestigio mediático de Thunberg. Permitir el paso de los barcos supondría un reconocimiento de que el cerco es contestable, mientras que interceptarlos —como ha hecho en el pasado— refuerza la narrativa de quienes denuncian una violación del derecho internacional humanitario.
Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, afronta un dilema similar. Por un lado, respalda sin matices la seguridad de Israel; por otro, se enfrenta a una presión creciente de sectores de la sociedad civil y del propio Congreso que exigen mayor implicación en la crisis humanitaria de Gaza. La presencia de Thunberg, símbolo global de la protesta pacífica, complica la ecuación: cualquier acción contra ella tendría un fuerte coste de imagen.
Los países árabes y el bloque magrebí, que también aportan barcos a la flotilla, aprovechan esta movilización como instrumento de presión política y de visibilidad internacional. La participación de Túnez, en particular, coloca al Magreb en el centro de la estrategia de apoyo logístico a Gaza, un gesto que no pasa inadvertido en Bruselas ni en Washington.
Lo que se presenta como una operación humanitaria es también un pulso político de primer nivel. Thunberg y los organizadores buscan forzar a gobiernos y organismos internacionales a tomar partido. La flotilla se convierte así en un termómetro de la capacidad de la diplomacia global para equilibrar la seguridad de Israel con la urgencia humanitaria en Gaza, y en un recordatorio de que la sociedad civil puede irrumpir con fuerza en escenarios donde los Estados han optado por la prudencia o la inacción.
