El Parlamento griego se dispone a aprobar una enmienda impulsada por el Gobierno conservador que restringe drásticamente el derecho de asilo para los migrantes que llegan de manera irregular desde el norte de África. La norma contempla su detención inmediata y posterior devolución a sus países de origen o tránsito.
«A quienes entren ilegalmente no se les aceptarán solicitudes de asilo. Serán arrestados, retenidos y devueltos», afirmó tajante el ministro de Migración, Thanos Plevris, a través de su cuenta oficial en la red social Χ (antes Twitter).
El texto, respaldado por la mayoría absoluta del partido Nueva Democracia, prevé la suspensión durante al menos tres meses del derecho a solicitar asilo para las personas que lleguen por vía marítima desde el norte del continente africano. La medida establece además que estos migrantes serán expulsados sin ser registrados, una cláusula que ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos y juristas, dado que podría vulnerar la legislación europea.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 19, prohíbe expresamente las expulsiones colectivas y establece que ninguna persona puede ser devuelta a un país donde corra riesgo de ser víctima de tortura, tratos inhumanos o degradantes, o la pena de muerte. Grecia, como Estado miembro, está sujeta a esta normativa.
No obstante, el Ejecutivo de Kyriakos Mitsotakis defiende su decisión en un contexto de creciente presión migratoria. Solo en la última semana, más de 2.000 personas han desembarcado en la isla de Creta, procedentes principalmente de Libia. Desde comienzos de año, el número de llegadas a esta isla mediterránea supera las 9.000.
Este mismo jueves, varios cientos de migrantes rescatados al sur de Creta fueron trasladados en barco hasta el puerto de Lavrio, cerca de Atenas, donde están siendo registrados antes de su reubicación en centros estatales.
El Ejecutivo griego ha anunciado además la creación de centros de detención específicos para migrantes procedentes del norte de África. Según el diario griego Kathimerini, estas instalaciones podrían ubicarse en recintos ya existentes en la Grecia continental y estarían destinadas exclusivamente a quienes lleguen sin autorización desde la región norteafricana.
«Lo que le decimos al pueblo griego es que no permitiremos una invasión continua desde el norte de África», declaró Plevris en una entrevista radiofónica. El primer ministro, por su parte, fue aún más directo: «Grecia está enviando un mensaje de firmeza: el paso está cerrado. Quienes paguen a traficantes pueden estar malgastando su dinero».
Los migrantes que lleguen en estas condiciones estarán sujetos a «detención administrativa» por un período de hasta 18 meses, de acuerdo con la normativa europea. Además, el Gobierno planea endurecer aún más su política migratoria con una nueva ley que convertirá en delito la permanencia en Grecia de aquellas personas cuya solicitud de asilo haya sido denegada. La pena prevista es de hasta cinco años de prisión sin derecho a libertad condicional, salvo que el migrante coopere con su repatriación voluntaria.
Mientras tanto, en un movimiento paralelo en Europa occidental, el Reino Unido y Francia han anunciado un acuerdo migratorio sin precedentes. El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, comunicaron este jueves la puesta en marcha de un programa piloto de repatriaciones recíprocas.
Según el pacto, Londres devolverá a Francia a los migrantes que crucen irregularmente el Canal de la Mancha en patera. A cambio, se permitirá la entrada legal en territorio británico de demandantes de asilo seleccionados en suelo francés y sujetos a un proceso de verificación de seguridad.
«Nos enfrentamos a una crisis migratoria global, pero especialmente aguda en el Reino Unido y Francia. Esta iniciativa busca ser parte de la solución: justa, legal y humana», afirmó Starmer, quien subrayó el papel de las mafias criminales que lucran con estas rutas peligrosas y que «conducen a cientos a la muerte en el Canal».
