Las autoridades francesas han puesto en marcha una investigación instruida por la Fiscalía de París para determinar si la red social X (antes Twitter), propiedad de Elon Musk, manipuló su algoritmo para favorecer una presunta injerencia extranjera en la esfera pública.
El caso se originó a raíz de dos denuncias presentadas en enero de 2025: una por parte del diputado centrista Éric Bothorel, que alertó sobre cambios en el algoritmo tras la adquisición de X en 2022 y una merma en la diversidad de voces; y otra de un alto funcionario público de ciberseguridad que señaló un aumento de contenido extremista que podría sesgar el debate democrático en Francia.
La investigación, iniciada oficialmente el 9 de julio, está a cargo de la sección de ciberdelincuencia de la Fiscalía de París. Abarca posibles delitos de alteración del funcionamiento de un sistema automatizado de tratamiento de datos en banda organizada, así como la extracción fraudulenta de datos de dichos sistemas.
En una nueva fase del proceso, la Fiscalía ha encargado formalmente a la Gendarmería Nacional la apertura de diligencias policiales para recabar evidencias, tras haber contrastado la información proporcionada por investigadores y múltiples instituciones públicas.
Se investiga a X como persona jurídica y a las personas vinculadas a su gestión, aunque no se menciona expresamente a Elon Musk.
Crece la preocupación regulatoria en Europa por el uso de algoritmos en redes sociales como instrumentos de desinformación o influencia política. En meses recientes, la Comisión Europea ya ha solicitado documentación interna de X como parte de su investigación por posibles violaciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA).
También el regulador francés ARCOM ha anunciado su intención de remitir este caso a la Comisión Europea, y varios eurodiputados reclamaron mayor transparencia sobre posibles sesgos algorítmicos usados para favorecer agendas políticas.
En caso de demostrarse una manipulación deliberada, X se enfrentaría a sanciones que podrían incluir penas de hasta cinco años de prisión y multas equivalentes al 4 % de su facturación global, conforme al código penal francés.
La investigación francesa pone de relieve el desafío que plantean las plataformas digitales en el equilibrio entre libertad de expresión, transparencia algorítmica y protección del sistema democrático.
