La defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz solicitó este miércoles su absolución en el informe final del juicio de la operación Kitchen, celebrado en la Audiencia Nacional, al considerar que no se ha acreditado ninguno de los delitos por los que la Fiscalía pide 15 años de prisión para el que fuera ministro con Mariano Rajoy.
El abogado del exministro, Jesús Mandri, centró buena parte de su alegato en desacreditar el testimonio de Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad y considerado el número dos de Fernández Díaz en el Ministerio del Interior durante los hechos investigados. Según la defensa, los mensajes que sitúan al exministro al tanto de la operación de espionaje contra el extesorero del PP Luis Bárcenas fueron manipulados por el propio Martínez, quien los protocolizó ante notario para incriminarle. «Esos mensajes nunca existieron y si existieron nunca fueron enviados o reenviados por Jorge Fernández Díaz», sostuvo el letrado.
Mandri fue más allá y vinculó a Martínez con la trama investigada en el caso Leire Díez, al señalar que mantuvo reuniones con la exmilitante socialista y con el empresario Javier Pérez Dolset en las que, según la defensa, le habrían pedido información que perjudicara al PP a cambio de ayudarle ante la Fiscalía en el propio juicio de Kitchen.
El letrado calificó de «absolución clamorosa» la petición sobre el delito de malversación de fondos públicos, relacionado con el pago de fondos reservados al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, captado para colaborar en la operación. Y defendió que Kitchen fue «una operación de inteligencia, no parapolicial», de la que el ministro nunca fue informado, como tampoco lo era de otras muchas actuaciones dado el volumen de asuntos que pasaban por su cargo.
El fiscal, por su parte, ya había defendido en su alegato final que el teléfono que aparecía en la agenda de Martínez a nombre de Fernández Díaz pertenecía efectivamente al Ministerio del Interior en aquella época y que el mismo número siguió siendo utilizado por el entonces titular de la cartera con posterioridad. El juicio, que se ha prolongado casi tres meses con numerosas declaraciones de testigos y peritos, investiga el presunto espionaje ilegal orquestado contra Bárcenas para sustraer documentación comprometedora para el PP mientras este permanecía en prisión.
