El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, vuelve a situar a los autónomos y microempresas en el centro del debate regulador. En una reciente intervención en el Senado, la ministra adelantó un polémico cambio que afectará de lleno a la estructura organizativa incluso de los negocios más pequeños: la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ampliará la obligación de contar con un servicio de prevención propio, que hasta ahora sólo se exigía a empresas con más de 500 trabajadores. Eternamente Yolanda.
Esta modificación, aún en fase de negociación con los agentes sociales, implicará que más compañías —incluso aquellas con una plantilla mínima o de carácter unipersonal— deban asumir responsabilidades y costes añadidos en materia de seguridad laboral. La medida incluirá también la imposición de un delegado de prevención en todas las empresas, con independencia de su tamaño. Es decir, incluso una empresa con un solo trabajador tendrá que designar a un representante para este fin, un requisito que parece ignorar las realidades estructurales y económicas de los trabajadores por cuenta propia.
Actualmente, la normativa vigente contempla que las empresas con seis o más empleados cuenten con al menos un delegado de prevención. Sin embargo, la reforma planteada plantea un modelo de supervisión preventiva que, según los expertos, puede generar más burocracia que eficacia en sectores ya saturados de obligaciones administrativas.
En su intervención, Díaz justificó esta decisión argumentando que “nadie puede morir en el puesto de trabajo en el siglo XXI”, y criticó la externalización de los servicios de prevención, calificándola de ineficaz. No obstante, la medida llega sin un análisis claro sobre el impacto económico que tendría en los pequeños empresarios y autónomos, que ya enfrentan cargas fiscales y laborales considerables.
La senadora de EH Bildu, Idurre Bideguren, fue quien abrió el debate parlamentario preguntando por las medidas que contempla el Gobierno para mejorar la gestión preventiva, especialmente en las pymes. En su intervención, denunció que solo el 10% de las empresas en España realizan internamente la evaluación de riesgos laborales, muy por debajo de la media europea, situada en el 90%. No obstante, esta diferencia responde también a una estructura empresarial completamente distinta: en España, la mayoría del tejido productivo está compuesto por microempresas con recursos limitados.
Según Díaz, el objetivo es lograr una «reforma en profundidad» que transforme el actual modelo de prevención laboral. Pero la cuestión de fondo sigue sin resolverse: ¿cómo asumirán los trabajadores autónomos y las pequeñas empresas este nuevo mandato sin contar con apoyo económico o logístico suficiente? De momento, el anuncio ha encendido las alarmas en varios colectivos que ven en esta propuesta una muestra más del creciente intervencionismo gubernamental sin un enfoque realista para los pequeños negocios.
