El próximo lunes 14 de julio se celebrará en Barcelona la reunión de la Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat, en la que se formalizará la propuesta del nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, en cumplimiento del pacto de investidura entre PSC y ERC. Aunque el pacto establecía el plazo final para el 30 de junio, el retraso se atribuye a la intensidad del calendario político del PSOE, marcado por el escándalo del caso Cerdán y debates internos, y fue aceptado por ERC —como afirmó Oriol Junqueras— en aras de priorizar los contenidos sobre las fechas.
Las negociaciones, que entran ya en su fase final, se centran en la recaudación, gestión e inspección de tributos por parte de la Generalitat, incluidos IRPF y otros impuestos, y en concretar la aportación de solidaridad interterritorial que hará Cataluña al Estado. En este sentido, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, insistió en que este modelo debe ser accesible a todas las comunidades autónomas, destacando la complejidad de articular un sistema que combine singularidad fiscal y coherencia nacional.
En palabras de Junqueras, «el contenido es más importante que las fechas», aunque advirtió que ERC no apoyará nuevos acuerdos con los socialistas si no se cumplen los compromisos previos. Por su parte, Montero restó importancia al aplazamiento, señalando que lo esencial es formalizar un acuerdo sólido y equitativo que reconozca la diversidad territorial del país.
Fuentes del Govern destacaron que el encuentro del 14 de julio será clave para cerrar el modelo —y no solo presentarlo—, incluyendo un calendario para que la Agencia Tributaria catalana asuma la recaudación del IRPF en 2026, con una extensión posterior al resto de tributos. También participó un comité de expertos para afinar el diseño técnico, y el acuerdo deberá pasar luego por el Congreso para su tramitación legislativa.
Este proceso implica avances en la autonomía fiscal de Cataluña, aunque no se trata de un concierto económico como el vasco o navarro, sino de un modelo singular compatible con el sistema común, según defiende el Gobierno central.
