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El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido suspender y anular dos grandes contratos militares con compañías israelíes: el del sistema de lanzacohetes de alta movilidad SILAM y el de los misiles anticarro Spike LR2. Estas decisiones forman parte del llamado plan de “desconexión tecnológica” con la industria militar israelí, impulsado como respuesta política al conflicto en Gaza.
Los contratos afectados suman cerca de 1.000 millones de euros. En concreto, el SILAM estaba valorado en unos 576 millones (sin impuestos) y los misiles Spike LR2, en unos 237-285 millones, según fuentes oficiales y medios especializados.
España se enfrenta a una disyuntiva legal y económica: al haberse firmado ambos contratos en 2023, la anulación unilateral podría obligar al Estado a pagar indemnizaciones millonarias a las empresas fabricantes o adjudicatarias si estas deciden demandar por el incumplimiento. Aunque no hay cifras oficiales confirmadas de cuánto podría reclamar el contratista, la experiencia reciente anticipa costes importantes.
Ya en abril, otro caso parecido dio pistas de lo que podría ocurrir: se canceló un contrato del Ministerio del Interior para comprar munición a Israel, por temor a tener que abonar 6,6 millones de euros de indemnización sin recibir ni una bala.
El programa SILAM iba a ser desarrollado junto con empresas españolas como Rheinmetall-Expal, Escribano, EM&E, experiencia tecnológica que ahora se pierde. El contrato incluía lanzacohetes múltiples de largo alcance (cohetes guiados de diferente calibre) y su producción bajo tecnología israelí en parte transferida. Su cancelación no solo supone perder ese material, sino renunciar temporalmente a capacidades estratégicas y comprometer plazos de modernización militar.
En cuanto al Spike LR2, los misiles anticarro, su licencia para fabricación en España iba a entrar en servicio con unidades de Infantería de Marina y del Ejército de Tierra. Con la cancelación, esa capacidad queda en suspenso, y el Estado debe buscar sustitutos, lo que puede implicar importaciones más caras o el desarrollo nacional de tecnología que depende de componentes no triviales.
El Gobierno ha defendido su decisión argumentando motivos éticos —la oposición al conflicto en Gaza— y la necesidad de alinearse con sus compromisos internacionales, como embargos o vetos sobre armamento. También ha señalado que algunas piezas tecnológicas de los contratos serían “insustituibles” sin pérdida de capacidad, lo que sugiere que los costos no sólo monetarios sino operativos serán elevados.
La alternativa a estos contratos podría implicar demoras significativas, costes adicionales, y riesgo para España de quedar rezagada en programas de defensa frente a otros países aliados.
El Gobierno apuesta a que los valores estratégicos y éticos de esta decisión —y la búsqueda de soberanía tecnológica nacional— compensen el alto precio que tiene para las arcas públicas, la industria militar y la defensa de las Fuerzas Armadas.
Una decisión ideológica de un gobierno de idiotas que pone en peligro la defensa de España simplemente por quedar como el «tipo guay progre» de izquierdas al que todo el mundo quiere. Una decisión que nos deja tirados frente a Marruecos, un pais musulman que no tiene problema alguno en comprar armamento israelí.