La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha solicitado que se le imponga una sanción coercitiva de 32.430 euros al día por no trasladar a su legislación nacional la directiva europea 2020/285, que permite a los autónomos y pequeñas empresas que no superen los 85.000 euros de facturación anual quedar exentos de repercutir, declarar y liquidar el IVA. El plazo para transponer esa norma venció el 1 de enero de 2025 y España la sigue sin aplicar, lo que la convierte en el único Estado miembro que todavía no lo ha hecho.
La multa no la impone directamente Bruselas sino que la pide al TJUE, que decidirá si la aplica y desde qué fecha. Sin embargo, España ya afronta una multa acumulada de más de 17,5 millones de euros, cifra que crece cada día que pasa sin que el Gobierno adapte su normativa. La Comisión considera que el retraso no es una cuestión formal, sino que impide que pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia puedan beneficiarse de un régimen ya vigente en buena parte de la Unión Europea.
El Gobierno español reconoce que la aplicación de la exención es opcional para los Estados miembros y ha optado por no aplicarla, argumentando que supondría una pérdida de recaudación de entre 3.000 y 5.000 millones de euros al año. Alemania, Francia e Italia ya aplican esta exención, beneficiando a sus pequeños autónomos, mientras que España mantiene la medida paralizada.
El procedimiento de infracción arrancó con una carta de emplazamiento y un dictamen motivado sin respuesta eficaz por parte de Madrid. Para que una pyme establecida en España pueda beneficiarse de la exención en otro país de la UE, primero debe registrarse ante las autoridades españolas, algo que tampoco es posible mientras no se produzca la transposición. El efecto práctico es que los autónomos españoles con clientes en otros países de la Unión están en desventaja respecto a sus competidores europeos. La multa seguirá acumulándose hasta que España apruebe definitivamente la reforma.
