El primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico, ha anunciado que su Gobierno denunciará formalmente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el reglamento que prohíbe la importación de gas natural licuado (GNL) ruso a partir de 2027. Eslovaquia se alinea con la Hungría de Viktor Orbán para impugnar una de las medidas más ambiciosas del plan REPowerEU, diseñada para cortar definitivamente la financiación de la maquinaria de guerra del Kremlin.
La denuncia, que se presentará en la sede del tribunal en Luxemburgo, se basa en la supuesta vulneración de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Según ha detallado Fico, el Ejecutivo eslovaco considera inaceptable que una decisión con tal impacto en la seguridad nacional se haya adoptado por mayoría cualificada y no por unanimidad. El líder eslovaco ha calificado la hoja de ruta de la Comisión Europea como un suicidio energético, argumentando que la desconexión forzosa del suministro ruso supondrá un encarecimiento insostenible de la energía para las familias y las empresas del país.
Más allá de la batalla política, el conflicto tiene una vertiente económica crítica. El ministro de Exteriores eslovaco, Juraj Blanar, ha advertido de que su país tiene contratos de suministro vigentes con empresas rusas hasta el año 2034. La entrada en vigor del veto comunitario en 2027 obligaría a incumplir estos acuerdos, lo que, según los cálculos del Gobierno de Bratislava, podría derivar en arbitrajes internacionales y sanciones que alcanzarían los 16.000 millones de euros. Para Eslovaquia, que ha invertido en interconexiones con Polonia y la República Checa, el problema no es solo la falta de infraestructura, sino el coste inasumible de romper compromisos contractuales de larga duración.
La respuesta de Bruselas no se ha hecho esperar, recordando que el reglamento aprobado este lunes por el Consejo de la Unión Europea permite márgenes de maniobra y planes nacionales de diversificación que deben presentarse antes de marzo de 2026.
