¿Estamos gobernados por la mafia? Dos de los abogados de González Amador, el novio de Ayuso, perjudicado por lasa filtraciones de la propia Fiscalía General del Estado, han visto cómo allanaban residencias de su propiedad, sin que se sepa a ciencia cierta quién entró en esas viviendas. Sí se llevaron ordenadores y dispositivos electrónicos.
Al parecer también ha sido violentado el coche del novio de la presidenta madrileña, cuando se encontraba estacionado en un lugar que no ha sido revelado.
Los abogados, que han presentado denuncias en el juzgado de guardia, son Carlos Neira y Guadalupe Sánchez. También fue violentada la vivienda del arquitecto que firmó el proyecto del ático de la pareja, sin que se conozca qué información se han llevado.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha declarado que “los robos son sólo una parte de lo que está sucediendo”. Al parecer, el acoso sobre esta política del PP es continuo, sin que su propio partido sea capaz de reaccionar ante la opinión pública, nadie sabe por qué.
Isabel Díaz Ayuso ha declarado, además, en una intervención pública, que “nos gobierna la Mafia” y ha aludido a una operación de Estado contra una persona privada. Se trata de una situación preocupante, que de concretarse pondría en grave aprieto a individuos que ocupan cargos públicos.
El caso sobre el fiscal general del Estado, caso que supuestamente estaría ligado a estos allanamientos, puede dar un paso más hoy, ya que el Supremo ha ordenado a la UCO de la Guardia Civil el volcado de los datos del teléfono móvil del propio fiscal general, investigado por un presunto delito de revelación de secretos.
Mientras, en Bruselas, la eurodiputada Dolores Montserrat se ha reunido con el comisario de Justicia de la UE para trasladarle la peligrosa deriva autoritaria de Sánchez, que quiere, incluso, ir eliminando a jueces que acceden a sus cargos mediante una dura oposición, para nombrarlos a dedo, de acuerdo con sus propios intereses.
Parece el colmo de la colonización vergonzosa de otro de los poderes del Estado, a cargo del Gobierno sanchista, incapaz de soportar la actuación judicial sobre presuntos actos delictivos que comete el equipo gubernamental y que están siendo instruidos en este momento.
