La costa de Órzola, en el norte de Lanzarote, se convirtió esta semana en el epicentro de una emergencia ambiental que, aunque controlada, mantiene en vilo a las autoridades. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha decidido prolongar, al menos 24 horas más, el estado de emergencia por contaminación marítima declarado tras el naufragio e incendio de un pesquero marroquí frente a la localidad. Sin embargo, las últimas evaluaciones apuntan a un impacto «mínimo», con el vertido de gasóleo confinado y bajo estrecha vigilancia.
El incidente, que ha movilizado a Salvamento Marítimo, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, la Guardia Civil y otros cuerpos, comenzó en la madrugada del miércoles, cuando un atunero de bandera marroquí, de unos 15 metros de eslora, encalló en una zona de fondos rocosos cerca de la costa de Órzola. A bordo viajaban cinco personas –cuatro adultos y un menor, todos de origen marroquí–, que fueron rescatadas sanas y salvas entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana. Minutos después, el barco comenzó a arder, generando una densa columna de humo visible a kilómetros de distancia y un vertido de combustible que desencadenó la activación del Plan Marítimo Nacional en nivel 1 y del Plan Insular de Emergencias de Lanzarote (PEIN).
La reunión de coordinación celebrada esta mañana entre la Capitanía Marítima de Las Palmas, la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo canario ha arrojado un balance esperanzador. Según los últimos datos, el derrame de gasóleo es «prácticamente imperceptible» en el mar, reducido a ligeras irisaciones –esas manchas de brillo metálico que delatan la presencia de hidrocarburos–. En la costa, el impacto se limita a un tramo de unos 600 metros dentro de una ensenada, donde el combustible ha sido contenido en gran medida gracias a las barreras anticontaminación desplegadas por los equipos de emergencia.
El capitán marítimo de Las Palmas, Ignacio Gallego, ha explicado que, aunque la situación está bajo control, se mantendrá el nivel 1 de emergencia hasta al menos el viernes por la mañana, cuando se reevalúe el escenario. «La contaminación es mínima, pero actuamos con máxima precaución», afirmó Gallego. Esta cautela responde a la necesidad de garantizar que no haya nuevos escapes de combustible y de coordinar la retirada de los restos del pesquero, cuyo casco se partió tras el incendio, liberando dos grandes tanques de gasóleo.
En la zona afectada, el Consorcio de Emergencias de Lanzarote continúa trabajando intensamente. Equipos de bomberos, apoyados por un helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, han empleado mangueras y paños absorbentes para recoger los restos de combustible adheridos a las rocas. Como medida preventiva, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han cerrado al baño dos áreas cercanas al lugar del siniestro: el Charco de la Pepa y el Caletón Blanco, dos enclaves turísticos de gran valor en la isla.
Más allá del impacto ambiental, el incidente ha abierto una investigación policial con múltiples interrogantes. La Guardia Civil y la Policía Nacional están analizando la procedencia del pesquero, sospechando que pudo ser robado en Marruecos y utilizado como patera para trasladar a los cinco migrantes a las costas canarias. Los ocupantes, que declararon haber pasado cinco días sin comer, fueron trasladados a la comisaría de Arrecife, donde prestaron declaración. La hipótesis de que la embarcación fuera empleada para la inmigración irregular cobra fuerza, aunque las autoridades aún no han confirmado detalles.
