El juzgado de instrucción de El Hierro, a través del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, salió este sábado al paso de una información publicada por un periódico nacional que aseguraba que en el proceso judicial derivado de la llegada de una patera a la isla se había ordenado la expulsión e internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros de una menor nacida en 2009.
La Oficina de Comunicación del TSJC fue tajante: «Esa joven que alegó ser menor fue enviada al hospital para una prueba ósea, que determinó que tenía más de dieciocho años». El organismo aclaró además que el protocolo aplicado es el habitual: todas las personas que alegan confusión sobre su edad son remitidas a una prueba médica antes de que se tome cualquier decisión sobre su situación legal.
En esa misma embarcación viajaban dos personas cuyas pruebas médicas sí confirmaron que eran menores de edad. En esos casos, el juzgado no ordenó su internamiento en un CIE, sino que fueron enviadas al hospital y derivadas a la tutela legal correspondiente.
El cayuco en cuestión llegó el pasado martes a La Restinga con 119 ocupantes a bordo, procedentes de Gambia, Guinea, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Senegal y Malí, que habían salido nueve días antes desde la localidad gambiana de Barra. Entre los ocupantes viajaban siete mujeres y cinco menores. Tras escuchar a 85 de ellos al cumplirse el plazo máximo de detención policial de 72 horas, el juez autorizó su traslado a un Centro de Internamiento de Extranjeros para tramitar su expulsión, con un periodo máximo de internamiento de 60 días.
Desde el 12 de junio está en aplicación el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que endurece las condiciones para quienes entran irregularmente en la Unión Europea, amplía los tiempos de detención y prioriza las devoluciones. En ese marco, cualquier información que vincule expulsiones con menores de edad adquiere una carga política inmediata, lo que convierte la precisión de los datos en un asunto de primera importancia
