El Tribunal Supremo ha lanzado un ultimátum al Gobierno de España, instándolo a garantizar en un plazo de 10 días el acceso de los menores no acompañados que han solicitado asilo en Canarias al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. La medida responde a la inacción del Ejecutivo central, que ha relegado a la Comunidad Autónoma de Canarias la carga de atender a estos menores sin ofrecer soluciones estructurales.
La decisión judicial, presentada como una medida cautelar, obliga a la Administración del Estado a cumplir con su obligación legal de integrar a estos menores en el sistema de acogida estatal. A pesar de que la ley de asilo establece derechos específicos para los solicitantes de protección, en la práctica cientos de menores siguen atrapados en un limbo administrativo, sin acceso a los recursos previstos y en condiciones de hacinamiento.
El Gobierno canario, encabezado por Fernando Clavijo, ha llevado el asunto ante el Supremo tras constatar que la llegada de menores migrantes ha desbordado sus capacidades. Según datos de ACNUR, entre enero de 2023 y noviembre de 2024, al menos 546 menores solicitaron asilo en Canarias. A esta cifra se suman otros 350 que esperan presentar su solicitud y 325 más que han manifestado su voluntad de hacerlo. En total, más de 1.200 menores permanecen bajo la tutela del gobierno autonómico ante la falta de respuesta de la Administración central.
El colapso del sistema autonómico no es un problema nuevo, sino el resultado de una estrategia de desentendimiento por parte del Ejecutivo estatal, que ha eludido durante años su responsabilidad en materia de inmigración. La dejadez de funciones ha provocado que Canarias, con recursos limitados, afronte en solitario la protección de estos menores, mientras el Estado mantiene su pasividad burocrática.
El Supremo subraya que el hacinamiento en los centros de acogida canarios vulnera el “superior interés del menor”, principio fundamental en la legislación nacional e internacional. “La situación actual”, señala el tribunal, “es insostenible y constituye una omisión grave de las obligaciones del Gobierno en materia de asilo y protección infantile”.
A pesar del requerimiento judicial, la falta de voluntad política para abordar el problema de raíz sigue siendo el mayor escollo. La respuesta del Ejecutivo en los próximos días determinará si se trata de una corrección efectiva o de otro parche temporal en una crisis que lleva años sin una solución definitiva.
