La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó este jueves en Luxemburgo que la ley de amnistía española es compatible con el Derecho comunitario. El fallo, conocido a las 10:18 horas, concluye que la norma no vulnera la legislación europea sobre protección de los intereses financieros de la Unión ni la directiva de lucha contra el terrorismo, y que su objetivo de «reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación» es legítimo.
Las sentencias responden a dos cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles. La primera, elevada por el Tribunal de Cuentas, preguntaba si amnistiar la responsabilidad contable derivada del uso de fondos públicos para financiar el procés ponía en riesgo las finanzas europeas. La segunda fue planteada por la Audiencia Nacional, que cuestionaba la compatibilidad de la norma con la directiva antiterrorismo. El TJUE respondió negativamente en ambos casos, concluyendo que el Derecho de la Unión no se opone a la ley española.
La consecuencia más inmediata del fallo es que los jueces nacionales deben ahora aplicar la amnistía a los encausados, entre ellos una treintena de exaltos cargos de la Generalitat por los gastos vinculados al procés y 13 activistas de los CDR acusados de terrorismo. Para Carles Puigdemont, el impacto depende aún del Tribunal Constitucional español, que debe dilucidar si el Tribunal Supremo está obligado a amnistiarle por el delito de malversación, el único cargo que le impedía hasta ahora regresar a España sin ser detenido.
Sánchez calificó el fallo de «una buena noticia para la democracia española», mientras el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, exigió la aplicación «diligente e integral» de la ley. El líder de ERC, Oriol Junqueras, fue más directo: «ya no hay excusas». El PP, por su parte, recordó que el TJUE no examina la constitucionalidad ni la oportunidad política de la norma, y que el debate sobre sus consecuencias sigue abierto en los tribunales españoles. El TJUE tiene pendiente pronunciarse sobre otras dos cuestiones prejudiciales planteadas desde España relacionadas con la misma ley.
