La tragedia en Birmania no cesa. A un conflicto armado que ha devastado al país desde el golpe de Estado en 2021, se ha sumado un fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el centro del país este viernes, dejando al menos 1.644 muertos y más de 3.400 heridos, según cifras proporcionadas por las autoridades militares. La magnitud real de la catástrofe, sin embargo, podría ser mucho mayor, pues los esfuerzos de rescate se ven limitados por el aislamiento de varias de las zonas más afectadas, dificultando el acceso de la ayuda internacional.
El seísmo, que fue seguido por una réplica de 6,7 minutos después, destruyó varias infraestructuras clave en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país. Carreteras y templos históricos quedaron reducidos a escombros, mientras que el aeropuerto sufrió daños significativos, dejando a miles de residentes atrapados a la intemperie y sin acceso a los suministros básicos. La situación es aún más dramática en pequeñas localidades cercanas, donde las cifras de víctimas mortales aún no han sido confirmadas debido a las dificultades de comunicación.
La catástrofe llega en un momento particularmente crítico para Birmania, que ya arrastra una profunda crisis política, económica y social. Desde que el ejército derrocó al gobierno democráticamente elegido en 2021, el país ha estado sumido en una guerra civil sangrienta que ha desplazado a millones y ha dejado a más de un tercio de su población al borde de la hambruna. A pesar de las peticiones de ayuda internacional, las autoridades militares han puesto trabas al acceso de los equipos de rescate y la comunicación se encuentra severamente restringida en muchas regiones.
Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, señalan que la crisis humanitaria que atraviesa Birmania es más grave que nunca. Con más de 19 millones de personas necesitando asistencia urgente, la ayuda es insuficiente y el acceso a las áreas más afectadas está limitado por las restricciones impuestas por el régimen militar. La situación en el terreno es aún más alarmante, ya que el ejército continúa lanzando ataques aéreos en áreas controladas por los grupos de resistencia prodemocracia, lo que agrava aún más las condiciones para las poblaciones locales.
A la crisis política y social se suma una seria preocupación por la infraestructura del país. Según la Cruz Roja, las presas, carreteras y puentes se han visto gravemente dañados, lo que pone en riesgo aún más la seguridad de la población. Además, el Ejército birmano ha seguido inundando el país con minas terrestres, lo que está aumentando el número de víctimas, especialmente entre los niños, que representan una proporción alarmante de los muertos por explosivos.
Si bien algunos países como China, Rusia y Malasia han enviado equipos de rescate, la respuesta internacional ha sido desigual, y la ONU ha sido criticada por no movilizarse de manera más eficiente ante la magnitud de la tragedia. Las organizaciones de ayuda humanitaria advierten que la falta de acceso y la falta de cooperación del régimen militar están dificultando enormemente las labores de socorro.
Birmania, que alguna vez fue considerada un mercado emergente prometedor, hoy se encuentra al borde del colapso total. Tras años de apertura económica que habían llevado al país a ser uno de los más dinámicos de Asia, el golpe de Estado y el conflicto posterior han sumido a la nación en una crisis económica y humanitaria sin precedentes. Si la comunidad internacional no toma medidas urgentes, el futuro de Birmania parece más oscuro que nunca.
El terremoto, un desastre natural que debería haber sido una oportunidad para la unidad y la cooperación internacional, solo ha profundizado las divisiones y la desesperación en un país que ya estaba al borde del colapso. La respuesta del régimen militar y la comunidad internacional a esta crisis determinará el rumbo de la nación en los próximos años. Sin una solución política y un cese al fuego, Birmania continuará hundiéndose en la tragedia.
