En una sentencia del Tribunal Constitucional de finales de mayo, se declara la inconstitucionalidad de los artículos 10 y 11 de la Ley del Parlamento de Galicia 7/2022 con respecto la limitación del plazo para actuar contra las obras ilegales en la costa gallega, al entender que el legislador autonómico ha invadido las competencias estatales, ya que esta acción no está sujeta a plazo en la Ley de Costas, norma de carácter básico a la que corresponde establecer las limitaciones de uso en los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre, así como precisar su contenido y alcance.
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