El Tribunal Supremo ha rechazado la puesta en libertad de Koldo García Izaguirre tras la finalización del juicio del denominado caso mascarillas, sosteniendo que no existe ninguna modificación relevante en las circunstancias que fueron valoradas en su momento para acordar la medida cautelar. La resolución, fechada el 7 de mayo de 2026, concluye que no aprecia cambios que permitan respaldar la solicitud de libertad, particularmente en lo relativo a la desaparición del riesgo de fuga.
La petición fue formulada por la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, el pasado 6 de mayo durante su informe final, argumentando que no existe riesgo de fuga después del juicio y que existe agravio comparativo respecto a Víctor de Aldama, el único de los tres acusados que está en libertad. «Koldo no decidía absolutamente nada, no solo en los contratos de mascarillas; su papel era llevar la agenda del ministro y hacerle favores, ser su asesor personal», defendió la letrada del exasesor, que permanece en prisión provisional junto a José Luis Ábalos desde el pasado noviembre, ambos en la cárcel de Soto del Real.
El juicio, que duró 14 sesiones y en el que comparecieron más de 70 testigos, quedó visto para sentencia tras varias semanas en las que se escucharon las declaraciones de los acusados y se desplegó actividad probatoria sobre los presuntos amaños en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. La Sala sitúa el procedimiento en el arranque de la deliberación y describe la tarea como compleja por la necesidad de examinar de forma detallada lo ocurrido durante el juicio y el contenido del procedimiento.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares encabezadas por el PP se pronunciaron contra la petición de Koldo e hicieron hincapié en que el riesgo de fuga persiste, sobre todo cuando ya ha finalizado el juicio y se habrían afianzado los indicios existentes contra el exasesor de Ábalos. El tribunal ha compartido plenamente esta valoración en su auto.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y aprovechamiento de información privilegiada. El abogado de la acusación popular del PP, Alberto Durán, reclamó penas de hasta 30 años de prisión para Ábalos y Koldo García, afirmando que la trama se benefició económicamente mientras miles de personas sufrían las consecuencias de la pandemia.
Durante su intervención final, Koldo García pidió disculpas y aseguró encontrarse totalmente destrozado a nivel personal, laboral y social, afirmando que no tiene dinero y que no ha recibido ninguna dádiva. El exasesor negó haber cobrado comisiones ilegales de Aldama y relató sus dificultades económicas, asegurando que ha llegado incluso a dormir en el coche y que su suegra ha tenido que asumir gastos familiares.
La decisión del Supremo supone el segundo revés para Koldo García en su intento de salir de prisión. No es la primera vez que la Sala de lo Penal desestima una solicitud de Koldo para quedar en libertad; la anterior se produjo justo antes del juicio y los magistrados se opusieron por los mismos motivos. La representación de José Luis Ábalos Meco se adhirió a la petición de puesta en libertad planteada por la defensa de Koldo García, aunque el tribunal tampoco ha accedido a esta solicitud.
El empresario Víctor de Aldama, que sí se encuentra en libertad, aseguró en su declaración judicial que entregaba 10.000 euros mensuales al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García con dinero procedente de adjudicaciones de obra pública obtenidas de forma irregular desde el Ministerio. Tanto Ábalos como Koldo García negaron rotundamente ante los jueces haber recibido cantidades procedentes de comisiones ilegales.
Con esta resolución, el Supremo mantiene la situación personal de Koldo García mientras avanza en la deliberación del caso mascarillas. La Sala rechaza el principal argumento de su defensa y concluye que no procede modificar la medida cautelar. La decisión no adelanta el sentido de la futura sentencia, pero sí confirma que, para el tribunal, las circunstancias procesales actuales no justifican su puesta en libertad mientras se dicta el fallo definitivo sobre uno de los casos de corrupción más mediáticos de los últimos años en España.
