El Tribunal Supremo ha dado un paso significativo en la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al lograr, según el juez Ángel Hurtado, la recuperación «exitosa» de mensajes borrados de sus dispositivos. Esta información, obtenida a través de Google y WhatsApp tras una comisión rogatoria enviada a Irlanda, podría ser clave para esclarecer el presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de datos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El magistrado Hurtado, encargado de la causa, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizar un análisis pericial de la documentación recibida, que se encuentra en una carpeta zip. El juez ha establecido que este análisis se limite al período comprendido entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, fechas críticas en las que se produjo la filtración de correos electrónicos que implicaban a González Amador en un caso de fraude fiscal. Además, Hurtado ha abierto una pieza separada bajo secreto de sumario por un mes para profundizar en esta diligencia y ha citado a González Amador como testigo el próximo 23 de mayo.
La recuperación de estos mensajes se produce tras varios intentos fallidos de acceder a las comunicaciones de García Ortiz, quien cambió de móvil y eliminó tanto mensajes como su cuenta personal de Gmail poco después de ser imputado el 16 de octubre de 2024. La UCO había constatado previamente que no había «cero mensajes» en el dispositivo analizado, lo que llevó al juez a solicitar la colaboración internacional de Google y WhatsApp, con sede en Irlanda. A pesar de los recursos presentados por la defensa de García Ortiz, que calificó estas medidas como «desproporcionadas», Hurtado ha insistido en que la falta de colaboración del fiscal general justificó estas acciones.
El caso, que ha generado gran controversia política, se centra en la filtración de correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador, donde este último admitía un fraude tributario. Según informes de la UCO, García Ortiz tuvo un «papel preeminente» en la obtención de estos correos, que posteriormente aparecieron en medios de comunicación y en manos de figuras políticas, como el socialista Juan Lobato. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, también ha aportado testimonios relevantes, revelando instrucciones urgentes de García Ortiz para publicar una nota de prensa que desmintiera informaciones erróneas sobre el caso.
La Sala de Apelación del Supremo ha respaldado la instrucción de Hurtado, señalando que las diligencias tecnológicas no habrían sido necesarias si García Ortiz no hubiera borrado los mensajes. Aunque el fiscal general ha defendido que estas eliminaciones responden a un protocolo de seguridad, esta explicación no ha convencido al juez ni a las acusaciones, como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ha solicitado investigar posibles delitos adicionales, como prevaricación administrativa o infidelidad en la custodia de documentos.
A la espera del análisis pericial, que la UCO deberá actualizar cada cinco días, los mensajes recuperados podrían arrojar luz sobre la implicación de García Ortiz en la filtración y determinar si se amplía la causa con nuevas imputaciones. Este desarrollo marca un punto de inflexión en una investigación que no solo afecta al fiscal general, sino que también tiene profundas implicaciones políticas en el panorama español.
