El Tribunal Supremo ha admitido a trámite en menos de 24 horas los seis recursos que la familia de la pastelería La Suiza presentó contra los indultos concedidos por el Gobierno a los sindicalistas condenados por hostigarles. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha dado al Ministerio de Justicia un plazo improrrogable de 20 días para que remita todos los expedientes administrativos relacionados con el caso.
La familia presentó el miércoles pasado seis recursos contencioso-administrativos, uno por cada decreto de indulto, con la intención de solicitar después su acumulación en un único procedimiento al tratarse de decretos idénticos. El magistrado ponente José Luis Quesada Varea será el encargado de dictar sentencia.
El Consejo de Ministros aprobó el 1 de abril el indulto parcial a las seis personas condenadas por el caso de La Suiza, cinco mujeres y un hombre vinculados a la CNT. Las sindicalistas habían sido condenadas a tres años y medio de prisión por coacciones graves y obstrucción a la justicia tras una campaña de presión que se prolongó desde mayo a septiembre de 2017 y que acabó con el cierre del negocio.
El Tribunal Supremo ratificó en 2024 la condena y descartó la existencia de un conflicto laboral, atribuyendo el cierre del negocio a una campaña de presión constante, reiterada y desproporcionada. La sentencia, de más de un centenar de folios, fue avalada tanto por la Audiencia Provincial como por el alto tribunal, que rechazó todas las peticiones de los condenados para eludir la cárcel.
Las seis personas entraron en prisión el 10 de julio de 2025 en el Centro Penitenciario de Villabona, en Asturias. Ocho días después obtuvieron el tercer grado y desde entonces cumplen su condena en régimen abierto. El indulto se produjo nueve meses después de su ingreso en prisión.
La familia argumenta que el indulto contradice los hechos probados por la Justicia. Pablo Álvarez Meana, hijo del propietario de la pastelería, afirmó que el indulto no cumple los criterios de justicia, equidad ni utilidad pública. Además, la ley exige arrepentimiento, y los condenados dicen que lo volverían a hacer, señaló.
El Gobierno justificó el indulto al considerar que la conducta sancionada se produjo en el ejercicio, aunque eventualmente extralimitado, de un derecho fundamental y en el ámbito de un conflicto laboral. Sin embargo, las tres sentencias judiciales sobre el caso descartan que existiera un conflicto laboral.
Los hechos se originaron en junio de 2016, cuando la pareja de una empleada protagonizó un altercado en el local que derivó en una denuncia por daños y amenazas. La trabajadora dejó su empleo y, tras contactar con la CNT, inició una campaña de protesta frente al establecimiento. Según la sentencia, las acciones sindicales incluyeron concentraciones ante el local, reparto de pasquines con calificativos como acosador o maltratador, y la difusión de un vídeo en el que la extrabajadora denunciaba acoso laboral y sexual.
La trabajadora no presentó denuncia por acoso hasta después del inicio de las movilizaciones sindicales. El Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón apuntó en 2017 a la ausencia de indicios y a la posible existencia de móviles espurios en la denuncia. Ninguna de las tres sentencias acredita conducta ilícita por parte del propietario de La Suiza ni de su mujer, Begoña Meana, también trabajadora de la pastelería.
El Tribunal Supremo consideró acreditado que el cierre de la pastelería en septiembre de 2017 fue consecuencia directa de esta presión, tras meses de movilizaciones vinculadas a la negativa del propietario a aceptar determinadas exigencias económicas y retirar una denuncia previa contra la pareja de la extrabajadora.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, fue la principal impulsora del indulto y llevó al Consejo de Ministros la propuesta. Díaz había defendido que las condenadas actuaron por defender a una compañera en un caso de acoso sexual y laboral, una versión que las sentencias judiciales rechazan. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también defendió el indulto afirmando que nadie puede estar en la cárcel por proteger derechos fundamentales.
Los principales sindicatos respaldaron la decisión del Gobierno. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, apoyaron el indulto. Pepe Álvarez indicó que celebramos el indulto, pero hay que recordar que nunca debió producirse la condena, subrayando que la acción sindical nunca debe ser motivo de condena.
El caso se había convertido en una causa para sectores de la izquierda, que organizaron manifestaciones y campañas para reclamar el indulto de las seis de La Suiza. Sin embargo, desde sectores de la izquierda se intentó hacer pasar el caso como un conflicto laboral y se amplificó la acusación de abuso sexual a pesar de que la Justicia lo había archivado.
La condena incluía además el pago de 120.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería. Esa indemnización fue abonada en parte por el sindicato y en parte a través de rifas, donativos y conciertos, según la CNT.
Ahora el Tribunal Supremo deberá comprobar si las justificaciones que dio el Gobierno para indultar a los sindicalistas de la CNT eran correctas o no. La familia confía en que el alto tribunal revocará los indultos al considerar que la justificación del Gobierno contradice los hechos probados en las sentencias.
