El Tribunal Supremo ha abierto una causa especial contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el documento elaborado en su departamento que clasificaba a periodistas y tertulianos en función de su ideología y de su posición respecto al Gobierno. La Sala Segunda ha ordenado formar rollo y registrar la causa especial 003/21298/2026 y ha designado como ponente al magistrado Antonio del Moral García.
La apertura de la causa no supone todavía la admisión a trámite de la querella ni el inicio de la instrucción. La Sala deberá pronunciarse ahora sobre ese segundo paso y, en su caso, sobre la designación de un instructor, un requisito derivado de la condición de aforado del ministro, que solo puede ser investigado por el alto tribunal.
El procedimiento parte de una querella de Luis Pineda, abogado y antiguo editor, que atribuye a Grande-Marlaska presuntos delitos de revelación de secretos, tratamiento ilícito de datos personales, prevaricación administrativa y vulneración de derechos cívicos. Pineda transformó este martes su denuncia inicial en querella criminal y reclama que se practiquen diligencias para determinar la responsabilidad del ministro y de otros cargos de Interior.
El origen de la causa está en un documento titulado «Tertulianos. Radio y Televisión», elaborado en 2024 con membrete del Ministerio del Interior y de su Oficina de Comunicación. El fichero reúne centenares de fichas con fotografías y datos profesionales, acompañados en numerosos casos de valoraciones sobre la orientación política de cada profesional, con expresiones como «ideología de izquierdas», «extrema derecha», «militante socialista», «afín al PSOE» o «ideología radical de derechas».
Las cifras conocidas sitúan en 280 los periodistas incluidos. La querella sostiene que existió una consigna interna de no revelar el documento, que no consta que los afectados fueran informados de su existencia ni de sus derechos, y que tampoco figura una comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos.
Entre las diligencias solicitadas, Pineda pide requerir al Ministerio el original y los metadatos del documento, citar a declarar a los responsables de la Oficina de Comunicación y al propio ministro, y averiguar si el fichero llegó a condicionar acreditaciones o el acceso a ruedas de prensa. Reclama además ofrecer a los 280 periodistas la posibilidad de personarse como acusación particular.
El Ministerio del Interior ha reconocido la autenticidad del documento, pero rechaza que existiera persecución ideológica. Grande-Marlaska lo describió como un «documento de trabajo interno» sin finalidad lesiva, y su departamento sostiene que respondía a labores rutinarias de seguimiento de medios para evaluar la difusión de información y desmentir bulos. La causa del Supremo se suma a las diligencias que ya había abierto un juzgado de Madrid sobre el mismo informe, a raíz de otra denuncia.
