Está corriendo como gran noticia que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife había ordenado el cese inmediato de actividades en el Real Casino de Tenerife el sábado 23 de mayo. La institución fundada en 1840, Medalla de Oro de la Ciudad, de la Isla y de Canarias, depositaria de casi dos siglos de historia social y cultural chicharrera, quedaba -en teoría- clausurada por decisión municipal, y medios lo daban por hecho sin contrastar la realidad.
Pero en teoría una circular remitida por la propia Junta Directiva a todos sus socios, y confirmada mediante publicación en las redes sociales oficiales del Real Casino de Tenerife ese mismo día, la institución actuó con celeridad y solicitó de inmediato las correspondientes medidas cautelares. El resultado es el que en Derecho corresponde cuando la Administración actúa con desproporción: la ejecución de la orden de cierre quedó suspendida mientras los tribunales resuelven sobre el fondo del asunto. Lo que el Casino califica, con elegante contención, de orden “absolutamente desmedida”.
Mientras la noticia corría por las redes, en la terraza del Casino se celebraba el Tardeo de los viernes. El Gimnasio, la Ludoteca, los Cursos, la Cafetería y el Restaurante funcionaban con normalidad. Y ese mismo sábado, en sus salones, se celebraba el almuerzo en honor a Santa Rita, patrona de los funcionarios municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz -sí, los mismos funcionarios cuya institución acababa de ordenar el cierre-. Entre los asistentes, autoridades municipales.
La cuestión de fondo, es simple y a nadie con dos dedos de frente se le escapa. El Casino deja claro que su actividad no puede equipararse a la de un establecimiento de pública concurrencia en los términos en que lo entiende la Administración Municipal, con su Alcalde a la cabeza. Es una distinción que no resulta caprichosa: una sociedad privada de socios, con acceso restringido y vocación cultural y social, tiene una naturaleza jurídica distinta a la de un bar, un restaurante o una sala de fiestas. Que la Administración municipal no lo vea así es su derecho. Que los tribunales tendrán la última palabra es, afortunadamente, una certeza de que nos encontramos en un Estado de Derecho, eso que tanto defiende su primer edil.
La Junta Directiva lo dice con la serenidad de quien sabe que el Estado de Derecho sigue funcionando, aunque a veces haya que recordárselo a quienes lo gestionan: las discrepancias jurídicas sobre la naturaleza de su actividad deben resolverse, según sus propias palabras, “donde corresponde: en los tribunales de justicia, con todas las garantías y conforme al Estado de Derecho”.
186 años dan para mucho. El Real Casino de Tenerife lleva casi dos siglos formando parte del tejido vivo de Santa Cruz de Tenerife. Ha sobrevivido a guerras, dictaduras, crisis económicas y cambios de régimen. Que sobreviva también a una orden de cierre municipal, con medida cautelar en la mano y el Tardeo en la terraza, parece lo más razonable. A ver si el alcalde quiere pasar a la historia como aquel que cerró el Real Casino, pero parece que no será así.
Cuarenta familias dependen directamente de esta institución. Y detrás de cada comunicado de junta directiva, hay empleados, socios, historia y una ciudad que, en palabras del propio Casino, forma parte de “la memoria viva” de Santa Cruz.
Habrá que esperar a que los tribunales resuelvan. Mientras tanto, y pese a quien le pese, el Casino sigue abierto.
