El Gobierno y Junts han intensificado en los últimos días una negociación que, aunque no llega a ser una cesión total de competencias en materia migratoria para Cataluña, sí introduce cambios significativos en la gestión de fronteras. La propuesta, que incluiría la participación de los Mossos d’Esquadra junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil en el control migratorio, ha sido presentada por el Ejecutivo a la formación de Carles Puigdemont tras la presión ejercida por esta última.
El principal escollo sigue siendo el concepto de «cesión integral» de competencias, algo que los independentistas han exigido públicamente pero que el Gobierno se ha negado a conceder. En su lugar, se trabaja en un modelo de cogestión inspirado en el sistema de Baviera, donde una policía regional apoya a las fuerzas estatales en la vigilancia fronteriza. Sin embargo, la fórmula no está exenta de polémica: aunque evita una cesión completa, introduce una figura que podría ser interpretada como un paso hacia la descentralización de funciones tradicionalmente reservadas al Estado.
Más allá del debate competencial, la urgencia con la que se ha negociado este pacto plantea dudas sobre sus implicaciones políticas. La presión de Junts ha sido clave para acelerar el proceso, lo que lleva a preguntarse si el PSOE está tomando estas decisiones en función de una estrategia migratoria coherente o simplemente para garantizarse apoyos parlamentarios. De hecho, fuentes cercanas a la negociación aseguran que el acuerdo podría cerrarse en las próximas horas, lo que subraya la necesidad del Gobierno de contentar a sus socios independentistas en un contexto de gran fragilidad política.
Lo que sí está claro es que esta medida supone un precedente. Si bien el Ejecutivo insiste en que no se trata de una cesión, la incorporación de los Mossos a la gestión fronteriza marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia migratoria. La gran incógnita es si esta fórmula se consolidará en el tiempo o si, como otras concesiones políticas recientes, quedará como un parche temporal con fecha de caducidad.
