Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino al que la UDEF de la Guardia Civil señala como presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el próximo 21 de julio con intención de colaborar con la investigación del caso Plus Ultra. La decisión supone una ruptura con la lealtad que Martínez había mantenido hasta ahora y puede convertirse en el giro más decisivo de la causa desde que se abrió.
Tres factores explican el cambio. El primero, la presión de su familia, que le ha trasladado un mensaje claro: permanecer en silencio podría costarle caro. El segundo, su nueva estrategia legal. A finales de mayo rompió con su anterior letrado, Bernardo del Rosal, por «diferencias irreconciliables» en la defensa, y fichó a la exfiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado, experta en negociaciones con el Ministerio Público y en acuerdos de conformidad. El tercero, el efecto del precedente conocido como «vía Aldama», que se ha convertido en un modelo para imputados que buscan reducir su exposición penal a cambio de información.
La UDEF define a Zapatero como el «líder de una organización criminal» que usaba sus contactos políticos para obtener beneficios ilícitos a sus clientes. Martínez habría pagado 490.780 euros al expresidente a través de la consultora Análisis Relevante, que tenía como único cliente a Plus Ultra, y otros 239.755 euros a la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav. El testimonio de Martínez es clave para unir esas piezas y establecer la conexión directa entre el expresidente y el entramado investigado.
Zapatero ya declaró el pasado 18 de junio ante el juez Calama. Se presentó como consultor internacional y negó cualquier influencia en el rescate de los 53 millones concedidos a la aerolínea hispano-venezolana, a pesar de los mensajes intervenidos en los que terceros hacen referencia expresa a su papel. Conocedor de la disposición de Martínez a hablar, el expresidente se desmarcó en su declaración de cualquier operación del empresario.
La defensa de Zapatero ha iniciado paralelamente una ofensiva para invalidar pruebas clave, cuestionando la legalidad de los datos obtenidos de un disco duro incautado a un abogado y el origen del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra, extraído por la agencia americana Homeland Security Investigations y entregado a la justicia española. Si la colaboración de Martínez llega a cuajar, el verano se perfila como el momento más crítico hasta ahora para el exlíder socialista.
