El magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías ha dado la razón al Tribunal Supremo en su rechazo a aplicar la amnistía a los dirigentes del procés al considerar que hubo malversación de caudales públicos. Así lo recoge su ponencia sobre el recurso de amparo del exconseller catalán y secretario general de Junts, Jordi Turull, que había impugnado la decisión del Supremo de no amnistiarle ese delito.
«La interpretación llevada a cabo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente, sino que se ajusta a la doctrina vigente sobre los elementos del tipo penal de la malversación», sostiene Macías. El magistrado no aprecia «arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente» en las resoluciones del Supremo, sino «una discrepancia con la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria» ajena al amparo.
Turull había alegado que la negativa a aplicarle la amnistía vulneraba varios de sus derechos fundamentales, entre ellos el de representación política. Macías rechaza esos argumentos y concluye que las resoluciones impugnadas no privaron al recurrente de «una respuesta judicial fundada en Derecho», por lo que propone desestimar el recurso y confirmar el criterio del alto tribunal.
Uno de los argumentos que el Supremo empleó para excluir la malversación de la amnistía fue la posible afectación de los intereses financieros de la Unión Europea, una tesis que el Tribunal de Justicia de la UE descartó después. Macías salva ese punto al señalar que la resolución europea todavía no existía cuando el Supremo tomó su decisión, por lo que el Constitucional debe analizar si esa decisión estaba suficientemente motivada conforme al marco jurídico vigente en aquel momento.
La ponencia no es vinculante ni equivale a una decisión del tribunal. El pleno del Constitucional la debatirá el próximo 22 de septiembre, y corresponderá a los magistrados decidir si asumen el criterio del ponente, lo modifican o lo rechazan. Lo previsible es que el texto de Macías sea rechazado, en cuyo caso el pleno designaría a un nuevo magistrado para elaborar una ponencia alternativa.
El caso de Turull marca el criterio para otros dirigentes independentistas afectados por la misma cuestión, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras, condenados o procesados por malversación en la causa del procés. La decisión final del Constitucional determinará si la amnistía alcanza o no a ese delito, el principal escollo que ha impedido hasta ahora el archivo definitivo de las causas contra la cúpula del procés y el regreso de Puigdemont sin riesgo de detención.
