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La visita del Bnei Herzliya a Tenerife, programada para el 14 de octubre de 2025 en el pabellón Santiago Martín, se ha convertido en un foco de tensión que va más allá del deporte. En las últimas semanas distintos colectivos y fuerzas políticas han exigido la suspensión del encuentro o, al menos, medidas extraordinarias que garanticen la seguridad, hasta el punto de que desde la directiva del La Laguna Tenerife se ha planteado celebrar el partido a puerta cerrada como escenario más probable si las autoridades así lo determinan.
Fuentes del club señalan que la decisión final dependerá de las instrucciones de la Subdelegación del Gobierno y de la FIBA, y que el club permanecerá “a disposición” de lo que dictaminen ambos organismos. El presidente del CB La Laguna Tenerife, Aniano Cabrera, ha admitido públicamente que jugar sin público es “una posibilidad real” mientras se evalúan riesgos y motivos de seguridad.
El trasfondo político y social empuja la polémica. Partidos como Podemos Canarias han pedido la suspensión del partido y la expulsión del Bnei Herzliya de la Basketball Champions League, argumentando que su presencia “normaliza” la situación política en Oriente Próximo. Sindicatos y colectivos han impulsado, además, convocatorias de protesta en las inmediaciones del pabellón, lo que aumenta la presión sobre las autoridades locales para tomar medidas preventivas.
En el ámbito deportivo hay advertencias claras sobre las consecuencias competitivas de no disputar el encuentro: fuentes especializadas recuerdan que la competición puede sancionar al equipo local con la pérdida del choque por 0-20, descuentos de puntos o incluso la expulsión de la competición si se opta por no jugar. Esa amenaza deportiva añade complejidad a la decisión: la seguridad y la gestión de la imagen institucional chocan con las obligaciones competitivas y económicas del club.
Desde el punto de vista institucional, la Subdelegación del Gobierno es la competente para autorizar, restringir o imponer condiciones al desarrollo de grandes eventos públicos en coordinación con cuerpos de seguridad. El precedente europeo y las medidas aplicadas en otros casos similares —equipos extranjeros cuya llegada provoca movilizaciones— indican que optar por la celebración a puerta cerrada es una herramienta que las autoridades utilizan cuando se considera que la presencia de público podría derivar en desórdenes. No obstante, esa solución tampoco es neutral: deja al club con la factura económica del evento y alimenta el debate sobre la capacidad del deporte para aislarse de la política.
En la cancha, el calendario apremia. La competición no espera y las negociaciones entre clubes, autoridades y organismos internacionales deben acelerarse para evitar sanciones deportivas y garantizar, en la medida de lo posible, la seguridad jurídica y material del encuentro. En los próximos días se conocerán las instrucciones definitivas, y se anunciará el formato del partido (con público reducido, solo abonados, o sin público) en función de esas directrices.
