Más de un millón de jugadores europeos han llevado al Parlamento Europeo su reclamación contra la destrucción intencionada de videojuegos digitales. La iniciativa ciudadana «Alto a la destrucción de los videojuegos» exige una legislación que garantice la vida infinita de los títulos, herramientas para revivirlos o reembolsos justos cuando las empresas los desactiven.
Los responsables de la campaña han advertido en la Eurocámara de Estrasburgo sobre la desprotección de los jugadores de la UE ante una práctica empleada por grandes distribuidores que desactivan deliberadamente videojuegos de forma remota e impiden su acceso y uso a sus clientes. «Cuando una empresa deja de dar soporte a un juego que la gente ya ha comprado y pagado, debe dejar el juego funcionando», defiende la iniciativa.
El portavoz Daniel Ondruska ha explicado que se trata de una especie de obsolescencia programada. «Muchos juegos tienen un componente online. Y ese componente en línea, cuando es desactivado por el distribuidor, ese juego pasa a ser injugable», ha señalado. La petición pone como ejemplo el juego de carreras The Crew, lanzado en 2014 por Ubisoft, al que ya no se puede acceder.
La iniciativa fue presentada a la Comisión Europea el 26 de enero tras haber recogido 1,3 millones de declaraciones de apoyo verificadas. El 23 de febrero, los organizadores tuvieron la oportunidad de presentar los objetivos de su iniciativa en una reunión con la vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen, el comisario Michael McGrath y funcionarios de la Comisión Europea.
El movimiento, impulsado también por el creador de contenido Ross Scott del canal de YouTube Accursed Farms, exige que las editoras mantengan sus juegos en estado jugable incluso cuando retiren su soporte o cierren servidores. La base del argumento es defender al consumidor: si un juego ha sido vendido como producto completo, no debería dejar de funcionar por decisión unilateral del editor.
Uno de los representantes de la campaña, Hidalgo, lamenta que el Ejecutivo comunitario no está entrando al fondo de la cuestión y se está limitando a proteger la información al consumidor, que incluiría avisar a los jugadores del cierre del videojuego con antelación. «Porque tú pongas una etiqueta gigante con algo, eso no quiere decir que automáticamente sea legal», responde.
La campaña ha recibido apoyo político en el Parlamento Europeo, donde la diputada francesa Manon Aubry y su partido La France Insoumise han destacado la necesidad de nuevas reglas para proteger los juegos digitales, considerados arte y patrimonio. «Los videojuegos son obras de arte y un patrimonio que debemos preservar para las generaciones futuras. No podemos permitir que las empresas decidan destruir obras culturales que los jugadores han comprado», afirmó la diputada.
La Comisión Europea tendrá que examinar esta iniciativa y decidir si presenta o no una propuesta legislativa al Parlamento Europeo para impedir que los distribuidores bloqueen el acceso a sus videojuegos. El debate marca un paso importante para la defensa de los derechos de los jugadores y la preservación de la historia de los videojuegos.
