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El Ministerio de Vivienda ha puesto la lupa sobre Canarias y ha exigido a las principales plataformas digitales que retiren de inmediato 8.698 anuncios de pisos turísticos que considera ilegales. Según explicó este domingo el departamento que dirige Isabel Rodríguez, se trata de alojamientos que habían solicitado el número de registro obligatorio en el nuevo sistema estatal, pero cuyas peticiones han sido revocadas al comprobarse que no cumplen los requisitos legales. A pesar de ello, esos pisos continúan ofertándose en portales como Airbnb, Booking o similares, lo que ha llevado al Gobierno a lanzar un ultimátum para que desaparezcan de internet.
Esta ofensiva se debe a la aplicación del Registro Único de alojamientos temporales, operativo desde el 1 de julio, que obliga a cualquier propietario que desee alquilar su vivienda con fines turísticos a inscribirse y exhibir un código en sus anuncios. La normativa, que busca combatir el fraude en el alquiler turístico y proteger el acceso a la vivienda en zonas tensionadas, ha destapado la magnitud del problema en el archipiélago, donde la presión del turismo sobre el mercado residencial es especialmente intensa.
Según los datos oficiales, las viviendas revocadas en Canarias forman parte de un total de más de 53.800 inmuebles en toda España que han quedado fuera de la legalidad desde que comenzó a funcionar el sistema. El peso del archipiélago es notable: municipios como Adeje, San Bartolomé de Tirajana, Puerto de la Cruz o La Oliva concentran cientos de casos, con efectos palpables en barrios donde el precio de la vivienda se dispara y los residentes denuncian gentrificación, falta de servicios y pérdida de identidad.
El Gobierno defiende que la medida es necesaria para frenar el uso abusivo de viviendas con fines lucrativos y devolver parte del parque residencial al alquiler de larga duración, mientras que los propietarios afectados critican la rigidez del proceso, los plazos cortos para adaptarse y la posibilidad de que los anuncios reaparezcan en otras plataformas bajo nuevas fórmulas.
Lo que está en juego es la capacidad de Canarias para equilibrar su condición de motor turístico con el derecho de sus ciudadanos a acceder a una vivienda digna. Con esta orden de retirada, el Ministerio busca enviar un mensaje contundente a quienes operan fuera de la ley y a las propias plataformas digitales, que ya no podrán mirar hacia otro lado. Falta por ver si este esfuerzo se traduce en un control efectivo sobre la marea de pisos turísticos o si quedará en un pulso más en un terreno donde la presión económica, el interés turístico y la justicia social chocan de frente en cada esquina de las islas.
