El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Instituto Nacional de Estadística figuran ya como codemandados, junto a la Junta Electoral Central, en el procedimiento abierto en el Tribunal Supremo por las altas automáticas en el censo electoral de quienes obtuvieron la nacionalidad española acogiéndose a la conocida como «ley de nietos». Ambos organismos, representados por la Abogacía del Estado, se han personado formalmente en el recurso impulsado por la asociación Iustitia Europa, que la Sala Tercera llevará a una vista pública el próximo 7 de septiembre.
El Acuerdo 204/2026 de la Junta Electoral Central sobre la aplicación de la norma al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) es el objeto del recurso. Iustitia Europa sostiene que la controversia no reside en la validez de las nacionalidades concedidas, sino en lo que su presidente, Luis María Pardo, describe como una «dejación de funciones de supervisión» del órgano electoral, que a su juicio permitió un «volcado automático y acrítico» de las inscripciones registrales al censo sin comprobar su trazabilidad documental. La formación reclama saber cómo se incorpora cada nuevo elector al CERA, con qué documentación y bajo qué controles, y a qué circunscripción se adscribe.
La «ley de nietos», impulsada en 2022 por el entonces Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres, permite acceder a la nacionalidad española a los descendientes de exiliados y emigrantes, incluidos nietos de españoles que nunca han pisado el país. La mayoría de quienes se han acogido a ella residen en países como México, Cuba o Argentina, y su incorporación al censo de residentes ausentes les habilita para votar en las elecciones españolas, lo que ha situado el debate en el terreno de los posibles efectos electorales de esas nacionalizaciones.
Un segundo recurso ha ampliado el frente judicial. A la personación de Presidencia y el INE se suma la admisión a trámite de una impugnación de la asociación HazteOir, que la Sala Tercera ha decidido tramitar por la vía especial de protección de derechos fundamentales. El Alto Tribunal ha exigido, además, a la Junta Electoral Central que entregue el expediente administrativo completo en un plazo máximo de cinco días, tras haber requerido previamente toda la documentación que sirvió de base para adoptar el acuerdo recurrido.
Iustitia Europa defenderá el 7 de septiembre la suspensión cautelar de los efectos electorales derivados de la aplicación de la ley, frente a la Junta Electoral Central, el ministerio de Félix Bolaños y el INE. La formación, que dice haber sido la primera en detectar y denunciar estas altas, asegura que acreditará ante el tribunal la existencia de esos efectos electorales. El caso abre un pulso judicial de calado sobre el voto exterior en un momento de fuerte tensión política, y coloca al Gobierno en la posición de tener que defender ante el Supremo la validez del procedimiento de incorporación al censo de decenas de miles de nuevos electores.
