La muerte de una niña de 13 años al precipitarse desde el conocido “mamotreto” de Añaza ha conmocionado a Tenerife. El edificio, un esqueleto de hormigón que lleva medio siglo dominando el paisaje del barrio, vuelve al centro del debate público por el peor motivo imaginable: una menor ha perdido la vida en su interior.
El dolor de la familia y del entorno es incalculable, y las circunstancias exactas del fallecimiento las investiga la Policía Nacional. Pero, más allá del caso concreto, muchos vecinos se hacen hoy la misma pregunta: ¿cómo es posible que un edificio así siga en pie después de 50 años de abandono?
Un símbolo del abandono urbano
El mamotreto de Añaza es un edificio privado, a medio construir, que nunca llegó a terminarse y que permanece abandonado desde hace décadas. Su estructura abierta, sus huecos y sus alturas convierten el lugar en un espacio extremadamente peligroso, especialmente atractivo para quien busca explorar, hacer fotos, grabar vídeos… o sencillamente curiosear.
El vecindario lo tiene claro: quieren que se derribe ya, antes de que vuelva a producirse otra tragedia, sea por accidente o por autolisis. La sensación general es de impotencia: todo el mundo sabe que el edificio es un peligro, pero el tiempo pasa y el esqueleto de hormigón sigue en pie.
Un laberinto legal que desespera al barrio
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, la concejal de Urbanismo, Zaida González, ha explicado que el procedimiento en marcha es “absolutamente complejo” y que no se ha hecho nada igual en España. El objetivo es convertir una propiedad privada en pública para poder demolerla, pero el camino jurídico está siendo un auténtico laberinto.
El gran obstáculo está en algo que, sobre el papel, suena sencillo: localizar e informar correctamente a los propietarios, que son alemanes. El Ayuntamiento trabaja con el Consulado de Alemania, que a su vez consulta a su ministerio para validar que el sistema de notificación utilizado se ajusta al derecho alemán.
Mientras esa notificación no sea jurídicamente impecable, el Registro de la Propiedad no aceptará inscribir el inmueble a nombre del Ayuntamiento. Y sin esa inscripción, el Consistorio no puede actuar como dueño: ni derribar, ni transformar, ni nada.
Dinero hay, pero falta el último clic administrativo
No se trata de una cuestión de falta de fondos. Urbanismo recuerda que el edificio está vallado y señalizado como peligroso desde 2018, que se encargó el proyecto de demolición en 2021/2022 y que en 2024 se pidió financiación para ejecutar los trabajos.
En 2025 se logró algo clave: 2,5 millones de euros del Gobierno de Canarias para la demolición y 500.000 euros del Cabildo de Tenerife para la expropiación del inmueble.
Es decir, el dinero para tirarlo abajo ya está comprometido. Lo que falta es culminar los trámites. Finalizar la expropiación, con una notificación válida a los propietarios, registrar el terreno a nombre del Ayuntamiento, aprobar definitivamente el proyecto de demolición y sacar las obras a licitación pública.
Hasta que esa cadena administrativa no se complete, el mamotreto seguirá siendo un gigante muerto… pero en pie.
Seguridad, salud mental y responsabilidad pública
Tras la muerte de la menor, la discusión ya no es solo urbanística. Es también social y política. Los vecinos se preguntan si la suma de burocracia, propiedad privada compleja y tiempos judiciales puede justificar que un foco de riesgo tan evidente siga accesible.
