El magistrado Antonio Viejo, que cubre las vacaciones del titular del juzgado Juan Carlos Peinado, resolvió este lunes la petición de Begoña Gómez con una decisión partida: sí a Londres, no a Turquía. La esposa del presidente del Gobierno podrá viajar al Reino Unido entre el 8 y el 10 de julio para asistir a la graduación universitaria de su hija, pero no podrá acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN que comienza este martes en Ankara.
Peinado se marchó de vacaciones sin resolver el escrito presentado por la defensa de Gómez la semana pasada. El sustituto habitual tampoco estaba disponible, por lo que la decisión recayó sobre Viejo, uno de los magistrados más veteranos de los Juzgados de Plaza de Castilla, que instruye también la causa en la que está investigado Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.
La lógica jurídica que sustenta cada parte de la resolución es precisa. Para el viaje a Londres, el juez valora la «buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit», y la naturaleza del acontecimiento, la graduación de una hija, que considera justificación suficiente. Para el viaje a Ankara, el razonamiento es el opuesto: Turquía no pertenece al espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, lo que dificulta la cooperación policial y judicial en asuntos penales, y Gómez no tiene en la cumbre ninguna función institucional ni representación del Estado, sino que asiste por «razones de cortesía». El juez ordena que, a su regreso de Londres, Gómez deposite de nuevo el pasaporte en el juzgado.
La medida de retirada del pasaporte la impuso Peinado el 20 de junio al acordar la apertura de juicio oral contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos vinculados a la dirección de una cátedra en la Universidad Complutense. La decisión fue muy polémica porque Peinado argumentó en ella que la propia escolta policial de Gómez podría facilitar su fuga, afirmación que llevó al Consejo General del Poder Judicial a abrir diligencias informativas tras las quejas del Ministerio del Interior y de sindicatos policiales.
