En plena Semana Santa y a punto de cumplirse dos años desde que se abrió la investigación, el juez Juan Carlos Peinado celebró la tercera audiencia del jurado en el caso que instruye contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. La vista, que se prolongó durante dos horas y media, sirvió para que las partes expusieran sus posiciones ante el intento del magistrado de encaminar la causa hacia un tribunal popular.
Como estaba previsto, ni Begoña Gómez ni los otros dos investigados acudieron al juzgado, y las partes mantuvieron sus posiciones. El fiscal y las defensas expusieron la ausencia de indicios para continuar el procedimiento, en contra de la tesis de las acusaciones populares.
El juez sostiene que Begoña Gómez habría aprovechado su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional. En concreto, ve indicios de delito en las conductas adoptadas para impulsar y financiar una cátedra universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, en sus relaciones con Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, y en el trabajo que prestó presuntamente su asesora para las actividades académicas de la mujer del jefe del Ejecutivo, pagada con fondos públicos.
Esta es la tercera vez que Peinado intenta llevar el caso ante un jurado popular. En febrero de 2026, la Audiencia Provincial de Madrid le tumbó la decisión anterior por falta de fundamentación y por no haber realizado un mínimo esfuerzo argumentativo para justificar que los hechos encajaran en los delitos que exigen este tipo de enjuiciamiento. El instructor respondió con un auto de 46 páginas, más detallado, acumulando todas las piezas en una sola causa.
Las acusaciones, por su parte, pidieron nuevas diligencias. Solicitaron que se reclame a Moncloa el salario completo de Cristina Álvarez, la vida laboral de Begoña Gómez y que se requiera a la empresa Lefevre información sobre una reunión mantenida con Gómez y Álvarez sobre el desarrollo del software de la cátedra, valorado en más de 300.000 euros.
El magistrado deberá decidir ahora si archiva la causa o autoriza que continúe la instrucción por la vía del jurado. Si la Audiencia Provincial no frena de nuevo al juez, Begoña Gómez podría convertirse en la primera esposa de un presidente del Gobierno en sentarse ante un tribunal popular.
