El juez de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dado un vuelco al denominado “caso Begoña Gómez” al solicitar formalmente al Tribunal Supremo la imputación del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En su exposición razonada, el magistrado sostiene que existen “indicios razonables, sólidos y cualificados” para atribuir al ministro, que goza de aforamiento, presuntos delitos de malversación —por contratar a una asesora para tareas privadas con fondos públicos— y falso testimonio durante su declaración como testigo en abril pasado.
La contratación en junio de 2018 de Cristina Álvarez, asesor para la agenda de la esposa del presidente, Begoña Gómez, y el uso de fondos estatales para tareas académicas y privadas han sido el núcleo de la investigación. Según el juez, Bolaños negó haber participado en ese proceso, pero nuevas pruebas—incluida la declaración del entonces coordinador de personal, Raúl Díaz Silva—afirman que sí supervisó el fichaje, situación que se considera indicio de falso testimonio.
El desarrollo del interrogatorio resultó especialmente tenso. Peinado denunció respuestas evasivas y, en varias ocasiones, interrumpió al ministro, reprochándole que contestara con una forma que no se admite en sede judicial y le advirtió de la posibilidad de ordenar un careo. El audio revela cómo Peinado reprendió a Bolaños tras recibir una sonrisa por parte del testigo, tildándola de inoportuna en un procedimiento judicial.
Además del delito de falso testimonio, el juez califica como malversación la utilización de recursos públicos para contratar a una asesora que ejercía funciones privadas, lo que ya había sido objeto de indagación en piezas anteriores del caso.
El paso siguiente corresponde ahora al Tribunal Supremo, que debe valorar la exposición razonada y decidir si abre una investigación formal contra Bolaños, algo que podría obligarle a declarar como investigado y con importantes repercusiones institucionales. El Partido Popular, a través de su portavoz Miguel Tellado, ha reaccionado con dureza, señalando que el ministro “tiene motivos para estar preocupado” y criticando la gravedad de las acusaciones.
Por su parte, el Gobierno ha respondido con cautela. La portavoz Pilar Alegría aseguró que mantienen la “máxima tranquilidad” y que comprenden plenamente la instrucción judicial, confiando en que el proceso se desarrolle con normalidad.
De avanzar la imputación, el caso tendría potencial para resonar en la esfera política y legislativa, resquebrajando el núcleo del Gobierno y tensando aún más el pulso institucional en torno a la gestión del Ejecutivo.
