El titular del Juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dado por cerrada la instrucción del caso Begoña y ha procesado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El auto, fechado el 11 de abril y conocido este lunes, tiene 39 páginas y concede cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral ante un jurado popular.
Junto a Gómez, Peinado también procesa a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa y persona de máxima confianza de la esposa del presidente, a quien atribuye los mismos cuatro delitos al considerarla cooperadora necesaria. El empresario Juan Carlos Barrabés queda igualmente procesado, aunque con un alcance penal más limitado: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El único delito que el juez archiva es el de intrusismo profesional, por considerar que solo existe «un indicio endeble» sin la solidez necesaria para sostenerlo.
El eje central de la causa es la cátedra extraordinaria que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Según el relato del instructor, la investigada utilizó su condición de esposa del presidente para facilitar la creación de ese proyecto académico. El rector de la UCM, Joaquín Goyache, declaró ante el juez que conocía a Gómez únicamente «por la prensa, porque era la mujer del señor presidente». Fue precisamente tras una reunión convocada por Gómez en el Palacio de la Moncloa cuando el rector encargó al exvicerrector Juan Carlos Doadrio la creación de la cátedra. Doadrio fue claro en su declaración: «Me llama y me dice que tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente.»
Sobre el delito de corrupción, Peinado sostiene que Gómez captó fondos privados de empresas habitualmente presentes en licitaciones públicas, con el dinero destinado, indiciariamente, no a la cátedra sino a su propio patrimonio. La financiación del proyecto universitario, concluye el auto, «pudiera ser solo la ‘fachada’ de una retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno del esposo de la investigada». En cuanto a la malversación, el instructor sostiene que Cristina Álvarez, pagada con fondos públicos como directora de Programas de Presidencia del Gobierno, dedicó parte de su tiempo a gestiones del proyecto privado de Gómez, incluyendo el envío de correos desde su correo institucional.
El juez concluye que Gómez se valió de su relación conyugal con el presidente para obtener ventajas, y remata el auto con el proverbio latino Corruptio optimi pessima, que viene a decir que la corrupción de los que están en lo más alto es la peor de todas.
La causa arrancó en abril de 2024 tras la admisión de una denuncia presentada por Manos Limpias, y fue creciendo con querellas de Hazte Oír y Vox. La Fiscalía había pedido el archivo por falta de pruebas fehacientes, pero admitió en la última comparecencia que el expediente ya contaba con «una imputación jurídicamente articulada». El siguiente paso depende de las acusaciones populares: si piden la apertura de juicio oral, Peinado dictará el auto correspondiente y Begoña Gómez tendrá que sentarse ante un jurado.
