El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado este jueves a Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, y al director adjunto operativo del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Ambos deberán comparecer como investigados el próximo 16 de julio ante el magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción número 5. La decisión llega a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba la imputación de los dos responsables del Instituto Armado.
El núcleo de la investigación gira en torno a los contactos entre González y Leire Díez, la exmilitante del PSOE detenida el pasado diciembre y que está siendo investigada por tráfico de influencias, malversación y organización criminal en el caso que lleva su nombre. Según la UCO, entre septiembre y diciembre de 2024 y en abril de 2025 se produjeron al menos tres encuentros presenciales entre la directora y Díez, así como múltiples contactos por mensajería instantánea. En esa relación, la investigadora habría tratado de que se abriera una investigación contra la propia UCO por supuestas filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y al PSOE, en particular contra el teniente coronel Antonio Balas.
La investigación también recoge un dato especialmente relevante: tras la publicación de algunos de esos mensajes en un medio de comunicación, González activó en su conversación con Díez el borrado automático de mensajes con una cadencia de 24 horas, lo que los investigadores interpretan como un intento de destruir pruebas.
Respecto al DAO Manuel Llamas, su imputación guarda relación directa con los testimonios aportados por el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, y el jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, quienes declararon ante Pedraz que Llamas les pidió que se «pusieran de perfil» y no fueran «proactivos» en investigaciones con «afectación política», en una reunión celebrada en julio de 2024.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, salió este mismo jueves a respaldar a González, asegurando que ni él ni la directora mintieron en el Senado sobre las reuniones con Leire Díez porque en esos encuentros no se habló «de nada relativo a una presunta trama de corrupción». La causa ya acumula una treintena larga de imputados, entre ellos la presidenta de la SEPI Belén Gualda y otros 24 altos cargos, y los investigadores calculan que el número de imputados y testigos puede aproximarse al centenar. El PP también había pedido la imputación del exdirector general del cuerpo, Leonardo Marcos, sobre la que el juez no se ha pronunciado todavía.
