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El magistrado Juan Carlos Peinado, instructor del denominado caso Begoña Gómez, ha ofrecido a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) la posibilidad de personarse como parte perjudicada en el procedimiento judicial que investiga a la esposa del presidente del Gobierno. El motivo es la presunta apropiación indebida de un software desarrollado para una cátedra vinculada a la institución académica.
En una providencia fechada el pasado viernes el juez argumenta que, dado que uno de los delitos investigados es el de apropiación indebida de un programa informático cuya financiación estaba destinada a la UCM, esta “debe tener el carácter de perjudicada”. Por ello, ha citado a la universidad —a través de su representación legal— para ser escuchada en una comparecencia prevista para este lunes a las 17:30 horas.
Durante la vista, la Complutense deberá decidir si desea personarse formalmente en la causa, una decisión relevante de cara a un eventual juicio con jurado popular al que podría enfrentarse Begoña Gómez. El software en cuestión fue desarrollado de manera altruista por varias empresas privadas —entre ellas Google, Indra, Telefónica, Devoteam y Deloitte— para la cátedra que codirigía la esposa de Pedro Sánchez. El valor estimado del proyecto asciende a unos 300.000 euros.
Aunque el programa fue concebido para ser propiedad plena de la UCM, la universidad no llegó a registrar los derechos sobre el mismo ni a patentarlo. Según la investigación, Gómez habría registrado a su nombre la marca vinculada al software, que posteriormente se ofreció a través de una página web gestionada por ella.
Además del presunto delito de apropiación indebida, el juez Peinado también examina la posible comisión de un delito de intrusismo laboral. La investigación apunta a que Gómez habría firmado pliegos técnicos relativos a un contrato público entre la UCM y la consultora Deloitte, pese a no pertenecer al personal de la universidad ni contar con las acreditaciones técnicas o académicas necesarias para ello.
La causa, que se encuentra aún en fase de instrucción, continúa centrada en esclarecer si la actuación de la esposa del presidente vulneró los derechos patrimoniales de la universidad y si asumió funciones que excedían sus competencias. La decisión de la Complutense sobre su personación podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo del proceso judicial.
