El juez titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a analizar las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde enero de 2014 hasta la actualidad, para esclarecer el origen y destino de diversos movimientos económicos vinculados a las actividades empresariales que se encuentran bajo sospecha.
La resolución ordena a las entidades financieras facilitar de forma directa y reservada los movimientos y saldos bancarios correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y la fecha en la que se atienda el requerimiento judicial.
En total, se analizarán los asientos contables de González Amador en 16 entidades financieras. La autorización lleva la firma del juez Antonio Viejo Llorente y se enmarca en una pieza separada abierta por presunta corrupción en los negocios.
La decisión judicial no llega de forma inmediata. Cuando la magistrada Inmaculada Iglesias se jubiló y el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid pasó a manos de Antonio Viejo, en octubre de 2025, la UCO le solicitó en diciembre los mandamientos judiciales para acometer la investigación. La puesta al día del nuevo juez en el juzgado fue retrasando dicha autorización, según adujeron fuentes del TSJ de Madrid.
Las acusaciones personadas en el procedimiento habían mostrado su malestar por la falta de respuesta judicial a una petición considerada esencial para esclarecer los movimientos económicos bajo sospecha. La autorización conocida este miércoles desbloquea finalmente el acceso a esa información.
Ahora, tras un retraso de seis meses, el juez autoriza solo parcialmente la solicitud de la UCO. Viejo autoriza únicamente la investigación de las cuentas bancarias y rechaza la autorización para acceder a la información societaria del novio de Ayuso.
La autorización de Antonio Viejo afecta a los datos bancarios de los dos investigados, Alberto González Amador y Gloria Carrasco, esta última esposa del presidente de Quirón Prevención. Las cuentas de ellos y sus empresas serán examinadas desde el 1 de enero de 2014, ya que, según el propio auto, lo investigado tiene su génesis en relaciones jurídicas sostenidas en el tiempo.
El año 2014 no es una fecha elegida al azar. La UCO considera que las relaciones empresariales entre González Amador y Fernando Camino se iniciaron en ese año, de ahí que sea ese el punto de arranque de la investigación sobre las cuentas bancarias.
El foco principal de esta pieza separada se sitúa sobre una transacción específica realizada en el año 2020: la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida por una mercantil vinculada a González Amador por un importe cercano a los 500.000 euros. La empresa que el empresario compró apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio anterior a la operación y su capital estaba formado por tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.
El foco de la pieza separada está en determinar si esa compraventa pudo encubrir el pago de una comisión a una persona relacionada con Quirón Prevención. Las diligencias practicadas hasta ahora apuntan, de forma indiciaria y provisional, a la posible existencia de una operativa ilícita.
El instructor investiga si esa adquisición pudo tener como finalidad real el pago de una comisión a una persona vinculada a Quirón Prevención por las relaciones comerciales mantenidas con la pareja de la dirigente madrileña. González Amador trabaja con esa división de la empresa sanitaria desde 2017, pero en el año en que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso multiplicó por cuatro su facturación hasta los 1.049.500 euros.
El juez considera prioritario comenzar por el examen de las cuentas bancarias y deja para una fase posterior la posible ampliación de las pesquisas a datos fiscales y laborales.
Por el momento, la autorización judicial para acceder a las cuentas no implica ninguna nueva imputación ni prejuzga el resultado de la investigación. La Guardia Civil analizará ahora más de una década de movimientos financieros con el objetivo de reconstruir el patrimonio del empresario y verificar si los flujos de dinero coinciden con la hipótesis del soborno encubierto que manejan los investigadores.
