Una vez más, los engranajes del Estado revelan sus grietas cuando se trata de grandes contratos públicos. Esta vez, la investigación ha alcanzado al Tribunal Supremo, que ha ordenado una serie de registros en empresas constructoras y domicilios particulares en busca de pruebas de amaños en adjudicaciones millonarias. En el epicentro de este nuevo escándalo: el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
La operación, que se ha llevado a cabo bajo secreto de sumario, parte de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a una posible trama de corrupción vinculada a licitaciones de obra pública durante la etapa ministerial de Ábalos. En el documento entregado al Supremo, se señalan indicios suficientes para investigar no solo a antiguos asesores como Koldo García, sino también a miembros en activo del aparato del partido en el Gobierno.
Lo que en un principio se presentó como un caso limitado —el llamado “caso Koldo”— parece estar mutando en una red más amplia de favores, comisiones y adjudicaciones teledirigidas. Los registros en provincias como Granada, Vizcaya o Navarra y la irrupción en el domicilio del propio Ábalos en Valencia indican que las sospechas han escalado hasta los altos mandos políticos. El propio exministro fue señalado por intervenir directamente en contratos públicos a cambio de beneficios económicos, una acusación que, de confirmarse, no se sostendría sin una red de complicidades institucionales.
La narrativa oficial se esfuerza en contener daños. Ábalos, por su parte, ha declarado que se trata de “sospechas mayores que los indicios”, una forma sutil de desacreditar las pruebas mientras se deslegitima a los investigadores. Pero los jueces hablan de otra cosa: grabaciones, dispositivos intervenidos y documentos que apuntan a una estructura organizada que habría operado desde dentro del propio Ministerio.
Este nuevo episodio obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿cuánto poder tienen los partidos para blindarse ante la corrupción cuando sus propias estructuras están implicadas? La maquinaria judicial, lenta y asediada por presiones políticas, apenas empieza a arañar la superficie de un modelo de gestión de obra pública opaco, clientelar y plagado de intereses.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo cómo los escándalos se acumulan sin consecuencias políticas inmediatas. La transparencia sigue siendo una palabra bonita en los discursos, pero incómoda en los despachos.
