La Justicia española cierra la semana como suele: con más ruido que certezas. Y, no, no voy a hablar del auto de prisión de los dos magníficos – Koldo y el otro- ni de la Providencia con la condena del FGE, de eso estoy harto. Hoy escribo de otras cosas.
El Poder Judicial, y la justicia que administran sus jueces, debería ser un templo de serenidad institucional, pero se ha convertido en un parque temático donde cada atracción compite por ver cuál chirría más. Y en el centro del estruendo, cuatro piezas recientes que, juntas, dibujan un cuadro que ni Valle‑Inclán después de un cortado bien cargado. jueces en pie de guerra, fiscales empoderados, tribunales improvisados y acusaciones que resucitan.
La APM ( Asociación Profesional de la Magistratura) levanta la voz: el juez de instrucción no se toca — o eso dicen.
La APM —que no suele levantar la voz salvo para asuntos serios— ha salido a marcar territorio. El anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIm) pretende sustituir al juez de instrucción por un “fiscal instructor”, como si fuera un simple intercambio de cromos. Pretendiendo ignorar de quien depende el Fiscal General del Estado, que es el que manda en los demás fiscales. Pero los jueces, con su presidenta liderando la carga, han advertido que detrás de esa modernización aparente se esconde un cambio de modelo que podría dejar los derechos fundamentales en manos de un órgano jerarquizado y dependiente. Hoy en manos de Sánchez, antes en manos de otro. Como si el árbitro decidiera también el resultado del partido. No hay argumento técnico que justifique amputar una figura garante como hoy lo son los jueces de instrucción, pertenezcan a la asociación que pertenezcan. Yo no he conocido a ninguno dependiente, en cambio a fiscales si.
Manos Limpias vuelve al escenario: del banquillo a la pista central
En paralelo, otro capítulo digno de opereta. La acusación popular más mediática del país —esa que siempre aparece en los titulares de los grandes casos— había sido expulsada del procedimiento contra cierto personaje del entorno presidencial por no cumplir los requisitos económicos exigidos. Prestar fianza. Que hasta a mi me ha tocado, cuando me ha tocado. Las reglas son las reglas: quien quiera jugar, paga la entrada. La fianza en estos casos como querellante particular. Pues bien: han pasado por caja, han cumplido las exigencias y vuelven al ruedo. La causa recupera uno de sus actores más ruidosos. Y su público – que lo tiene- aplaude.
Choque de trenes con destino incierto
Como broche, el cara a cara entre la presidenta de la APM y el ministro de Justicia en la clausura del congreso de jueces. Lo que debía ser un acto protocolario terminó convertido en un intercambio de mensajes velados —y no tan velados— sobre respeto institucional, independencia judicial y el creciente intervencionismo político. Para que se entere Bolaños, por si no lo sabía. Pero el sabe, y mucho. Es lo que le queda por desmontar, el poder judicial. La Presidenta defendiendo la dignidad de la carrera judicial; él insistiendo en que el Gobierno quiere reformar y actualizar. Dos trenes con trayectorias que, lejos de converger, parecen programados para colisionar en cámara lenta. Y el problema no es técnico, sino de voluntad: la reforma impone una lógica de poder, no de justicia. Es lo que menos le importa a Bolaños y a su Jefe, que es Sánchez.
Tribunales de Instancia: la reestructuración que trae más dudas que certezas
Y como si el menú estuviera incompleto, llega la reordenación global del sistema judicial con la Ley Orgánica 1/2025: que dijo adiós a los juzgados unipersonales, hola a los nuevos Tribunales de Instancia (TI). En teoría, modernización, eficiencia, sedes adaptadas y ritmo administrativo acelerado. En la práctica la ley que los regula está llena de “puntos ciegos”, vacíos normativos y una confusión organizativa que más parece un ajedrez sin tablero. Entre los reproches: falta de claridad sobre quién decide qué en cada tribunal —la presidencia o los servicios comunes; cómo se reparten funciones, quién nombra a los responsables; ausencia de reglas sobre sustituciones, retribuciones, responsabilidades efectivas. Y en medio de ese desorden, el riesgo latente de que los problemas que la reforma prometía resolver se multipliquen. Este salto organizativo acabará generando más caos – que se lo digan a los funcionarios de los Juzgados de San Cristóbal de La Laguna- más litigios internos, más inseguridad jurídica. Pero eso sí: con nueva denominación. Como se va a forrar el que se encarga de hacer los letreros institucionales. ¿Quién será?
La reforma no se acompañó de un cuerpo normativo detallado, dotación de medios humanos y un plan serio de implantación, los tribunales de instancia podrían ser simplemente “juzgados de instancia con estatutos rotos”. Y los ciudadanos y los profesionales, en medio de una Justicia desangelada, pagando la entrada sin saber qué juzgado le va a tocar.
Así que mientras algunos intentan rediseñar la Justicia, otros venden reformas como si fueran pan recién hecho, y muchos jueces reaparecen en causas polémicas tras pagar fianza, lo que tenemos no es un Estado de Derecho en transformación: tenemos un desdibujo de un Estado de Derecho.
Y que conste: no pido perfección, pido algo sencillo: que cuando alguien vista toga —o ministerio— suelte la moral pesada, se quite las prisas de puro poder, y tenga la decencia de pensar que, al otro lado del mostrador, hay ciudadanos con derechos, no figurantes.
Con reformar nombres y sedes no se reforma la Justicia: se reformatea su impunidad potencial. Y eso, amigos, no necesita de señorías en el Congreso: necesita de conciencia.
