El Departamento de Justicia del Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario a Henri Parot, uno de los miembros más sanguinarios de la historia de ETA, condenado por el asesinato de 39 personas y por decenas de tentativas de atentado. La decisión, adoptada a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión guipuzcoana de Zubieta, permitirá al etarra salir de la cárcel en los próximos días en régimen de semilibertad, y queda pendiente de que la Fiscalía examine el expediente y determine si presenta recurso.
Nacido en Argel en 1958, hijo de un matrimonio vascofrancés emigrado a Argelia, Parot regresó de niño a Francia y se instaló en Bayona, donde aprendió euskera antes de integrarse en ETA. Fue miembro del denominado comando Argala, responsable de algunos de los atentados más brutales de la organización, y quedó ligado durante años a la conocida como «doctrina Parot», el criterio que el Tribunal Supremo estableció en 2006, al resolver un recurso presentado por él mismo, para prolongar el tiempo efectivo de cumplimiento de las penas de los presos de ETA.
Entre sus crímenes figura la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, en la que fueron asesinadas once personas, cinco de ellas niños, y otras 88 resultaron heridas. Detenido en Sevilla el 2 de abril de 1990 tras un tiroteo con la policía, Parot fue condenado a 4.797 años de prisión por 26 asesinatos y 166 tentativas cometidos entre 1978 y 1990, unas penas que en total rozan los 4.800 años por asesinatos, asesinatos en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda terrorista, entre otros delitos.
Parot ingresó en prisión en 1990 en cumplimiento de una condena acumulada que la legislación de la época limitaba a 40 años de cumplimiento efectivo. Ya se encontraba en semilibertad desde julio de 2025, cuando el Gobierno vasco le aplicó el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite un régimen flexible de salidas. La progresión al tercer grado supone ahora un paso más en esa apertura de su situación penitenciaria.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció la concesión y la calificó de «injustificada y fraudulenta». Su presidenta, Consuelo Ordóñez, consideró «inaceptable» que el Ejecutivo vasco conceda la semilibertad a un terrorista condenado por 39 asesinatos «sin que haya mostrado un arrepentimiento real, público y verificable», y reclamó una ruptura «clara, inequívoca y verificable» con ETA y con el entorno que justificó sus crímenes. La organización acusó al Gobierno vasco de aplicar una política penitenciaria «al servicio de la izquierda abertzale» y habló de una «amnistía encubierta».
La decisión corresponde al Departamento de Justicia que dirige la socialista María Jesús San José. Covite sostiene que los escritos privados de Parot y sus referencias genéricas de rechazo a la violencia resultan insuficientes, y advierte de que este tipo de progresiones suelen derivar en el control mediante pulsera telemática, lo que a su juicio rebaja el cumplimiento efectivo de las penas. La Fiscalía tiene ahora la palabra para decidir si avala o recurre una clasificación que reabre el debate sobre la política penitenciaria vasca y el tratamiento de los presos de ETA.
