El Gobierno ultima el decreto ley que aprobará este martes para contener el precio de los alquileres y aumentar la oferta de vivienda asequible. Está previsto que el presidente Pedro Sánchez presente las medidas en su comparecencia de ese día, en la que también hará el tradicional balance del curso político tras la reunión del Consejo de Ministros.
El decreto se divide en dos bloques. El primero busca bajar el precio de los arrendamientos y dar estabilidad a los contratos: contempla una prórroga extraordinaria de dos años para los alquileres que venzan antes del 30 de junio de 2028, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF para los propietarios que bajen la renta. Estas deducciones fiscales, dirigidas tanto a caseros como a inquilinos con rentas inferiores a 33.000 euros y a personas mayores que deban vender su vivienda habitual para costear una residencia, forman parte de las exigencias que Junts ha puesto sobre la mesa para apoyar el decreto en el Congreso, y Sumar ha aceptado incorporarlas pese a su rechazo histórico a este tipo de beneficios fiscales.
El segundo bloque busca movilizar más vivienda asequible mediante la subida del IVA de los alquileres turísticos al tipo general del 21%, frente al 10% reducido que se aplica ahora cuando esos alojamientos prestan servicios propios de la industria hotelera. El objetivo es encarecer ese negocio y empujar parte de la oferta hacia el alquiler residencial de larga duración. A propuesta de Bildu, el texto también endurece las sanciones económicas contra las plataformas que alquilen alojamientos turísticos sin licencia, que podrán alcanzar el millón de euros. El borrador incluye además modificaciones en la ley del suelo para agilizar la construcción de vivienda, una petición conjunta del PNV, el PSOE y numerosos alcaldes de distinto signo, incluido el PP, que buscan evitar bloqueos urbanísticos por defectos menores o litigios formales.
Pese a que el Gobierno ha intensificado en los últimos días la negociación con los grupos parlamentarios, de momento no cuenta con los votos imprescindibles para garantizar su convalidación en el Congreso. Podemos se niega a respaldarlo si el texto incluye la reforma de la ley del suelo, lo que deja al Ejecutivo en una posición delicada de cara a la votación posterior en la Cámara Baja.
