El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un anteproyecto de ley que reforma por completo el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y crea la Autoridad Nacional de Integridad Financiera, conocida como Anifi, un nuevo organismo que concentrará toda la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. La reforma se enmarca en la adaptación de España al nuevo paquete europeo antiblanqueo aprobado en 2024 y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.
La principal novedad es que Anifi unificará las competencias que hoy están repartidas entre el Sepblac, la unidad de inteligencia financiera, y la secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. El nuevo organismo asumirá funciones de inteligencia financiera, supervisión, inspección y capacidad sancionadora, y se convertirá en el interlocutor único de España ante la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo, la AMLA. Para acelerar su puesta en marcha, se construirá aprovechando la estructura y la experiencia del actual FROB, y contará con financiación propia mediante una tasa a las entidades financieras y operadores de juego, sin depender de los Presupuestos Generales del Estado.
De forma paralela, la reforma reorganiza la participación pública en el sector bancario. La sociedad BFA Tenedora de Acciones, vehículo con el que el Estado posee el 18% de CaixaBank y su participación en Sareb, dejará de depender del FROB y pasará a estar adscrita directamente al Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo. El FROB, por su parte, perderá sus funciones de resolución ejecutiva de entidades, que se traspasan al Banco de España en el caso de los bancos y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para las empresas de servicios de inversión.
La reforma ha generado preocupación por la posible pérdida de independencia del sistema antiblanqueo al quedar bajo la órbita de Economía, especialmente en un contexto de investigaciones judiciales por corrupción que afectan al entorno del Gobierno. El Ejecutivo defiende, no obstante, que la ley garantiza la separación funcional dentro de cada autoridad para prevenir conflictos de interés y subraya que Anifi nace como una autoridad administrativa independiente con financiación propia. El anteproyecto pasa ahora a fase de audiencia e información pública antes de continuar su tramitación.
