El Ejecutivo ha anunciado una reforma del decreto de creación de universidades para endurecer los requisitos de apertura y funcionamiento de los centros privados. Sin embargo, la medida no contempla la modificación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), lo que deja abierta la posibilidad de que las comunidades autónomas sigan aprobando proyectos de dudosa calidad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) un paquete de medidas que busca frenar la proliferación de universidades privadas sin estándares de calidad adecuados. Esta iniciativa implica una modificación del decreto de 2021 aprobado durante el mandato de Manuel Castells, que ha demostrado ser insuficiente para contener el crecimiento de instituciones con escasa solvencia académica y económica.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la exigencia de un informe obligatorio y vinculante elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o sus equivalentes autonómicos. Además, se establecen criterios más estrictos, como un umbral mínimo de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de actividad, mayores exigencias en materia de investigación y la obligación de disponer de al menos un 10% de plazas de alojamiento universitario. También se endurecen los controles sobre la financiación de estos proyectos, evitando situaciones como las de algunas universidades que se han creado con apenas 3.000 euros de capital social.
El Gobierno pretende acelerar el proceso de aprobación de la reforma, con la consulta previa a rectores y estudiantes programada para el 2 de abril y la intención de llevar la versión final al Consejo de Ministros en mayo. Sin embargo, la iniciativa llega con cierta opacidad: los propios rectores han manifestado su sorpresa al conocer los detalles del plan a la par que la prensa, sin haber sido consultados previamente.
¿Medidas suficientes o parches insuficientes?
Pese al endurecimiento de los requisitos, la reforma mantiene una importante laguna: el informe de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) seguirá sin ser vinculante, lo que deja en manos de las comunidades autónomas la última palabra sobre la apertura de nuevos centros. Esta situación ha permitido que, desde la llegada del PSOE al poder en 2018, se aprobaran 12 universidades privadas a pesar de que 21 informes de la CGPU fueran desfavorables. En muchas ocasiones, estos centros han sido promovidos por fondos de inversión y no por instituciones con una vocación académica real.
El sindicato Comisiones Obreras ya alertó la semana pasada sobre la creciente privatización del sistema universitario y la necesidad de reformar la LOSU para impedir que proyectos sin garantías salgan adelante. De hecho, el propio PSOE apoyó recientemente en comisión parlamentaria una enmienda de Sumar que proponía este cambio, pero ahora el Gobierno parece haber dado marcha atrás ante la falta de apoyo de los grupos nacionalistas. El PNV y Junts han mostrado su rechazo a la reforma de la ley por cuestiones competenciales, mientras que PP y Vox se oponen por considerar que limita la libertad de creación de centros privados.
De la educación pública al negocio privado
La tendencia en el panorama universitario español es clara: la universidad privada está dejando de ser una opción complementaria para convertirse en la opción mayoritaria en algunas comunidades, absorbiendo el exceso de demanda de carreras con alta nota de corte en las universidades públicas. Actualmente, España cuenta con 46 universidades privadas frente a 50 públicas, pero si la tendencia continúa, el sector privado podría superar al público en pocos años.
El decreto de 2021 estableció requisitos de mejora para todas las universidades, incluyendo la obligatoriedad de que al menos el 50% de los alumnos estén matriculados en grados, que la mitad del profesorado tenga el título de doctor y que se ofrezcan al menos 10 grados y seis másteres. Sin embargo, no está claro hasta qué punto las instituciones privadas han cumplido estas exigencias. Datos recientes muestran grandes diferencias en la producción investigadora entre ambos sectores: mientras que un investigador de la Universidad Pompeu Fabra (pública) publica una media de 4,57 artículos al año, en la Universidad Europea de Valencia (privada y controlada por un fondo de inversión) la media es de apenas 0,12 artículos por investigador.
El problema de fondo sigue sin abordarse: la falta de financiación para las universidades públicas y la creciente precarización de sus plantillas, donde casi la mitad del profesorado tiene contratos temporales. Mientras tanto, las universidades privadas continúan proliferando, a menudo sin garantías de calidad, y el Gobierno, aunque introduce ciertos controles, evita abrir el debate legislativo que podría frenar definitivamente su expansión descontrolada.
