El Gobierno ha decidido prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, hasta junio de 2030, una decisión que ha abierto una nueva grieta entre los dos socios del Ejecutivo. La autorización, publicada este viernes en el BOE por el Ministerio para la Transición Ecológica, renueva la explotación de los dos reactores de la planta después del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, y prolonga su funcionamiento más allá de la fecha inicialmente prevista.
Las dos ramas del Gobierno leen la medida de forma opuesta. Para el PSOE se trata de una extensión acotada que no altera el calendario de cierre del parque nuclear español, fijado en 2035, y que permite mantener la central sin modificar la estrategia de descarbonización. Para Sumar, en cambio, la prórroga supone incumplir el acuerdo de coalición firmado en 2023 y ceder ante las grandes compañías eléctricas. La formación expresó su más absoluta disconformidad y acusó al PSOE de poner la política energética al servicio del oligopolio, al sostener que la continuidad de Almaraz responde a presiones empresariales y no a razones técnicas, medioambientales o de competitividad.
El ministro de Cultura y portavoz de los Comuns, Ernest Urtasun, encabezó las críticas. Acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica y calificó la decisión de incumplimiento del acuerdo de gobierno y de error estratégico. Urtasun rechazó además que la coyuntura internacional, invocada por el ala socialista al hablar de una situación energética excepcional y sobrevenida por la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Próximo, justifique la prórroga, y defendió que las crisis energéticas se resuelven acelerando las renovables, el almacenamiento y las redes, no prolongando la vida de las nucleares. También advirtió de que la medida altera las previsiones de inversión de numerosos operadores de renovables.
Las reacciones se extendieron más allá del Gobierno. Podemos y Alianza Verde tacharon la decisión de bochornosa, mientras Greenpeace la calificó de error histórico y sostuvo que no responde a criterios de seguridad técnica ni al abaratamiento de la factura, sino a que sigue mandando el mismo oligopolio de siempre. La organización citó un informe de la Universidad Rey Juan Carlos según el cual la prolongación de Almaraz provocará un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros en la factura eléctrica hasta 2033. Desde la oposición, en cambio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró que la central continúe operativa y puso el foco en el futuro de las cerca de 4.000 familias extremeñas vinculadas a la planta. El choque deja al descubierto una contradicción de fondo en el seno del Ejecutivo, que se suma a la lista de desencuentros entre socialistas y Sumar en la recta final del verano.
