El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha ordenado al Ayuntamiento de Santoña (Cantabria) retirar en un plazo máximo de seis meses el monumento dedicado a Luis Carrero Blanco, vicepresidente del Gobierno de Franco. La resolución, dictada a comienzos de septiembre, incluye la estatua en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y determina su retirada del espacio público al considerarla contraria a la ley.
El Ayuntamiento santoñés había intentado salvar la estatua alegando que Carrero Blanco también fue víctima del terrorismo, ya que murió en 1973 en un atentado de ETA. Amparándose en la Ley de Víctimas del Terrorismo de Cantabria, el Consistorio solicitó a la Consejería de Presidencia autonómica que reconociera esa condición para blindar el monumento, una vía que no ha prosperado.
El departamento que dirige Ángel Víctor Torres argumenta en su resolución, de 21 páginas, que no existen razones artísticas o arquitectónicas suficientes que justifiquen el mantenimiento del monumento, con lo que descarta el blindaje patrimonial que buscaban las instituciones cántabras. El origen del expediente está en una denuncia presentada en 2025 ante la Fiscalía de Memoria Democrática por cuatro asociaciones memorialistas de la región: AGE, Colectivo Memoria de Laredo, Desmemoriados y Héroes de la República y la Libertad.
El Parlamento de Cantabria había maniobrado en sentido contrario para proteger la escultura. La Cámara autonómica, con los votos de PP, Vox y PRC y el rechazo del PSOE, impulsó la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC), una figura con la que pretendía garantizar su conservación en la villa costera, cuna del propio Carrero Blanco. El PRC de Miguel Ángel Revilla defendió el «indulto» del monumento con el argumento de que el almirante, además de dirigente franquista, «fue un benefactor» del municipio.
Las asociaciones memorialistas han celebrado la decisión del Ministerio. El presidente de Héroes de la República y la Libertad, Jorge Suárez, reivindicó la resolución como «un paso importante de higiene democrática», y criticó que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Cantabria hayan hecho «verdaderos malabares» para intentar proteger la estatua por la vía del interés cultural. Estas entidades habían reclamado la retirada del espacio público de las esculturas.
Desde el lado contrario, sectores del PP, Vox y el regionalismo cántabro han criticado la orden como una «injerencia» del Ejecutivo central en el patrimonio de Cantabria, y sostienen que choca con el sentir de buena parte de los vecinos de Santoña. La resolución tiene carácter administrativo y no es firme, por lo que puede ser recurrida, lo que anticipa un nuevo pulso judicial. El incumplimiento del plazo de seis meses podría acarrear consecuencias para el Ayuntamiento, en un caso que reabre el debate sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y sobre el encaje de la figura de Carrero Blanco, dirigente de la dictadura y a la vez asesinado por ETA.
