El Gobierno y los agentes sociales iniciaron este jueves las negociaciones para dar continuidad al Plan de Respuesta ante los efectos de la guerra de Irán, cuya vigencia expira el próximo 30 de septiembre. La reunión, que abre una ronda de contactos con los sectores más afectados, no se saldó con un acuerdo cerrado, sino con el compromiso del Ejecutivo de estudiar qué medidas prorrogar en un contexto de inflación disparada por los precios de la energía.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lideró el encuentro, en el que participaron la vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros Arcadi España y Elma Saiz. Por las patronales acudieron Antonio Garamendi (CEOE) y Mayte Gómez (Cepyme), y por los sindicatos, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO). «Vamos a trabajar en las medidas del Plan de Respuesta para continuar acompañando y apoyando a las familias ante las subidas de los precios», trasladó Cuerpo a los asistentes.
El plan que ahora se estudia prorrogar arrancó en marzo, un mes después del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, y se actualizó en junio con un real decreto que introdujo nuevas rebajas fiscales y fijó una retirada progresiva de las ayudas hasta finales de septiembre. Entre las medidas sobre la mesa figuran el descuento a los carburantes para los hogares, las ayudas al transporte por carretera y a agricultores, ganaderos y pescadores, y la posibilidad de rebajar el IVA de la luz y el impuesto especial de la electricidad si los precios suben más de un 15%.
El repunte de los precios ha reactivado la urgencia de la negociación. La inflación general se situó en agosto en el 3,2%, tres décimas por encima de julio, un aumento explicado por el encarecimiento de los productos energéticos. Centros de análisis como Funcas han advertido de que la tasa podría alcanzar el 4,9% en septiembre y mantenerse por encima del 4% en los meses siguientes, un escenario que presiona al Ejecutivo para no retirar del todo los apoyos.
Sumar reclamó ir más allá de una simple prórroga. El socio minoritario del Gobierno pidió mantener todas las medidas que caducan el día 30 y añadir un gravamen temporal sobre el sector del refino, topes al precio del alquiler, una actuación sobre el poder adquisitivo y la cesta de la compra, y la reactivación de la excepción ibérica frente a las subidas extraordinarias del gas. Las patronales y los sindicatos, por su parte, trasladaron sus propias propuestas y su valoración de los planes ya aplicados.
El Ministerio de Economía enmarcó el encuentro en «la lógica de diálogo permanente y de respuesta compartida ante los shocks económicos» que, según el Ejecutivo, ha caracterizado su actuación desde el inicio del conflicto. Ninguna decisión ha sido adoptada por el momento: el Gobierno mantendrá la próxima semana nuevas reuniones con los sectores para compartir el diagnóstico y calibrar qué medidas de apoyo conviene mantener a partir de octubre, con la vista puesta en un conflicto en Oriente Próximo que, seis meses después, sigue tensionando los precios de la energía y, con ellos, el bolsillo de los hogares españoles.
