Después de más de un año congelada en los cajones del Congreso, la propuesta ciudadana para regularizar a cientos de miles de personas migrantes irregulares en España ha empezado a moverse. No por voluntad propia del Gobierno, sino porque la presión social, política y económica parece haber alcanzado un punto de no retorno. El PSOE ha dado luz verde a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que había sido respaldada por más de 700.000 firmas. Pero la medida llega tarde, incompleta y rodeada de condiciones.
Aparentemente, la intención es regularizar a quienes hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, varios socios del Gobierno, especialmente Sumar, ya advierten que este límite temporal es insuficiente y excluyente. Reclaman una propuesta más ambiciosa que no deje fuera a quienes llegaron hace poco o carecen de documentos formales. La negociación parlamentaria se abre ahora con fricciones internas y un PSOE que, según algunas organizaciones sociales, ha mostrado hasta ahora una postura “ambiguamente comprometida”.
Más allá del discurso humanitario, hay otro factor que parece haber inclinado la balanza: el mercado laboral. España necesita mano de obra en sectores donde la población nacional no quiere trabajar. Según Funcas, desde 2022 el 40% de los nuevos trabajadores en el sistema productivo español son inmigrantes. Pero esa “necesidad” puede transformarse en un arma de doble filo: ¿se trata de una regularización por derechos o por intereses económicos?
La regularización exprés de 27.000 personas tras las inundaciones en Valencia ha servido de ensayo para el modelo que el Gobierno podría aplicar ahora. Bastó con un certificado de empadronamiento y uno de antecedentes penales. ¿Por qué se puede actuar con rapidez cuando hay desastres naturales, pero no ante una situación estructural que afecta a cientos de miles de personas?
En este contexto, la postura del PSOE parece más pragmática que ideológica. Tras meses prorrogando plazos, ahora se abre a negociar enmiendas con los partidos. Pero los recelos siguen. El PP, mientras tanto, juega su propia partida: no quiere quedar como el villano de la historia, pero tampoco puede traicionar a su electorado más conservador, alimentado por el discurso antiinmigración de Vox. En medio de estas tensiones, la Iglesia –una aliada inesperada de la ILP a través de Cáritas y otras entidades– empuja para que el proceso no se diluya.
El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha acusado al PSOE de ignorar sus enmiendas, que incluyen condiciones como la exigencia de antecedentes limpios y la acreditación de actividad económica previa. Con estas exigencias, el PP evita un “sí” rotundo, pero también un “no” frontal. La abstención parece ser la moneda de cambio si el PSOE quiere sacar la propuesta adelante.
